WASHINGTON D.C. – El equipo legal de la campaña del presidente Donald Trump instó este jueves al Departamento de Justicia, y a «cada equivalente estatal», a abrir una investigación en torno a las elecciones del pasado 3 de noviembre, cuyo resultados hasta la fecha proyectan que el demócrata Joe Biden será el próximo inquilino de la Casa Blanca.
«Creo que es preciso que el Departamento de Justicia -y cada equivalente estatal, fiscalías, equipos de investigación- acometa una investigación criminal completa», sostuvo Sidney Powell, asesora del equipo legal de Trump, durante una rueda de prensa celebrada en Washington DC.
Desde la jornada electoral, los asesores de Trump y algunos miembros del Partido Republicano han iniciado una cruzada legal en los tribunales con el propósito de parar el escrutinio, ampliar los plazos de votación, reclamar tres pies más de acceso a sus interventores o invalidar miles de papeletas, según el distrito o el estado.
En la gran mayoría de estos pleitos, la justicia ha desestimado las alegaciones debido a la falta de pruebas que avalen que se han producido incidentes de relevancia que pudieran haber alterado el resultado los comicios. En varias ocasiones, las autoridades locales, incluso siendo republicanas, han tenido que salir a desmentir que se hayan producido irregularidades en sus jurisdicciones.
«Muchas de las jurisdicciones que han sufrido problemas, pueden no haber sido conscientes de estos problemas», afirmaba hoy Powell, antes de concluir, con un quebranto en la voz: «pero muchos, sí»
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La falta de pruebas que sustenten su acusaciones de fraude se han convertido en uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el mandatario para poder revertir las actuales proyecciones, y en ese sentido una investigación federal por parte de la cartera de Justicia podría dar una cierta credibilidad a las acusaciones y, ya de paso, asumir el gasto de las pesquisas.
Sin embargo, por el momento, incluso las agencias federales encargadas de las seguridad electoral han respaldado la legitimidad de los comicios. La semana pasada, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) emitió un comunicado en el que se aseguraba que “la elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos». Su director, Chris Krebs, fue despedido.
La conexión venezolana
La asesora legal, fue más allá e insinuó una posible confabulación entre la oposición demócrata y el gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir una victoria de Trump, a través de una de las empresas que produce las máquinas de votación que se emplean en las elecciones estadounidenses, Dominion.
«No hay duda de que [Dominion] ha sido usada para alterar elecciones en otros países. Sabemos específicamente que Venezuela lo exportó con ese propósito a Argentina y a otros países latinoamericanos, para asegurarse de que los líderes corruptos dispuestos a pagar el mejor precio puedan mantenerse en el poder», acusó Powell.
La letrada se hizo eco así de una teoría que apunta que Dominion y otra empresa del sector, Smartmatic, forman parte de un mismo conglomerado que rinde cuentas a Caracas. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también presente en la comparecencia, ahondó en esta cuestión.
«En esencia, hemos usado principalmente una máquina de votación venezolana, para contar nuestros votos», esgrimió. «Si dejamos que esto suceda, nos vamos a convertir en Venezuela».
A pesar de las acusaciones, una investigación independiente de la agencia The Associated Press, establece que no existen vínculos entre ambas compañías, que de hecho son competencia. Mientras que Dominion, que operó en unos 30 estados durante la jornada electoral, está controlada por una firma de capital neoyorquina; Smartmatic es una empresa creada en Florida por ciudadanos venezolanos a los que no se les conoce vínculos con el madurismo.
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