El grupo de observación que la Unión Europea envió a las elecciones regionales y municipales de Venezuela, efectuadas el 21 de noviembre, reportó irregularidades en el proceso, a pesar de las «mejores condiciones» también observadas.
Isabel Santos, jefa del grupo de observación, denunció «la falta de independencia judicial, la no adherencia al estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia de las elecciones».
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Santos reconoció que las elecciones se implementaron «en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores», pero agregó que «la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado», algo similar a lo reportado durante las pasadas votaciones en Nicaragua.
Santos informó que el informe final se presentará en enero 2022. Este «incluirá un análisis completo, así como recomendaciones de posibles reformas para futuros comicios» y señaló que «los observadores se han comprometido en todo momento a respetar la soberanía del país, sus leyes, y tener imparcialidad y no interferir en el proceso».
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela asegura que la participación en estas elecciones fue del 42%, otorgando una cantidad considerable de puestos a la coalición encabezada por el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la cual obtuvo 20 de las 23 gobernaciones del país y la alcaldía de la capital, Caracas.
La oposición hizo presencia en 96 municipios: 59 para la Mesa de Unidad Democrática y 37 para la Alianza Democrática de Venezuela. Otras organizaciones obtuvieron 21 alcaldías.
Esta fue la primera vez en 15 años que se admitieron observadores internacionales independientes en una elección venezolana. Antes, el gobierno del PSUV solo permitía misiones de acompañamiento cercanas al chavismo, como ocurrió en las pasadas votaciones en Nicaragua.
Sin embargo, en mayo de 2021 la Organización de Estados Americanos condenó las designaciones del Consejo Nacional Electoral, sosteniendo que eran «contrarias al Estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado» al haber sido promulgadas por una Asamblea Nacional «ilegítima».
Nicaragua Investiga
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