La Corte Constitucional de Colombia aprobó este 21 de febrero la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación con 5 votos a favor y 4 votos en contra.
El movimiento feminista a través de la organización de más de 90 colectivos, Causa Justa, pidió en 2020 el final de la criminalización del aborto terapéutico.
En Colombia el aborto estaba penado con cuatro años y medio de cárcel, sin embargo, desde el año 2006 se permitió la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación por causas de violación, malformación del feto y/o riesgo para la madre; esto sin limitantes en el tiempo.
#LaCorteInforma ⚖️ l Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006 pic.twitter.com/J7hfhLAEeq
— Corte Constitucional (@CConstitucional) February 21, 2022
La despenalización de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) fue aceptada en la Corte tras un proceso con varias trabas administrativas hacia jueces, impuestos por grupos contra el aborto terapéutico.
El debate en Colombia
La propuesta del movimiento Causa Justa implicaba derogar todas las penas que aparecen en el Código Penal con respecto a la realización del aborto terapéutico, sin embargo, solamente se logró despenalizar hasta vigésimo cuarta semana de gestación.
La decisión fue tomada gracias a los votos de los Magistrados José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Alberto Rojas, del conjuez Andrés Ossa, quien fue elegido para desempatar la votación.
¡La Corte Constitucional ha despenalizado el aborto en Colombia! A partir de ahora todas las mujeres y personas que abortan podremos hacerlo de manera libre hasta la semana 24, a partir de ese momento siguen vigentes las 3 causales de la Sentencia C355/2006, sin límite de semanas pic.twitter.com/JJnndBk7zU
— Campaña por el Derecho al Aborto Legal en Colombia (@Aborto_LegalCol) February 21, 2022
Dentro de las demandas del movimiento feminista se encuentra la abolición total del IVE, bajo el argumento de que “ninguna mujer vaya a la cárcel o que le sea iniciado un proceso penal en su contra por acceder a su derecho a la IVE ni que viva bajo esa amenaza (…), que ningún prestador de servicios sea enjuiciado por realizar un aborto consentido por la mujer o por brindar información”.
“Alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas. De esta manera, un 12,5% de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponden a mujeres entre los 14 y 17 años; y un 24% de los casos que derivan en condena, corresponden a mujeres menores de edad”, dicta un informe realizado por el colectivo la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Nicaragua Investiga
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