Una red integrada por al menos 14 personas enfrentará juicio por haber defraudado a Seguros Lafise con reclamos de accidentes de tránsito que nunca ocurrieron. La Fiscalía calcula que la operación generó un desembolso de 4.287.100 córdobas entre marzo de 2023 y diciembre de 2025.
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Según las actas judiciales, el grupo fabricaba expedientes completos. Obtenían datos personales, licencias y circulaciones de terceros que prestaban su identidad a cambio de una parte del botín. Con esos documentos emitían certificados de tránsito irregulares o abiertamente falsos, adjuntaban cotizaciones y fotografías de vehículos —incluso de autos ajenos— y presentaban los reclamos como siniestros reales cubiertos por pólizas de la aseguradora.
Dentro de la compañía, los expedientes eran orientados hacia determinados funcionarios que facilitaban su trámite y aprobación. Una vez emitidos los cheques de indemnización, el dinero se repartía entre los participantes. En total cobraron 46 cheques. Uno de los testigos clave relató haber recibido un pago de 2.500 dólares por intermediación y haber entregado el resto a otros miembros de la red.
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La investigación apunta a un núcleo familiar como principal motor de la estafa. Jessenia Yaoska Sierra Guerrero aparece como la operadora central: era quien conseguía los certificados falsos. Actuaba junto a su pareja, Rafael Gutiérrez Gutiérrez; su hermana, Adriana Patricia Zapata Guerrero; y su cuñado, Erick Gabriel Robleto Ríos. Este último se encargaba de reclutar a personas dispuestas a prestar sus datos para figurar como afectados o beneficiarios.
Tres extrabajadores de Seguros Lafise también están señalados. Juan Ramón Pérez Marenco (exinspector de reclamos de automóviles) y John Hamilton Mendieta Jiménez (exjefe de reclamos) permanecen prófugos. Yorling Valeska Mercado Martínez, exanalista de atención al cliente, enfrenta cargos por uso de documentos falsos y también se encuentra fuera del alcance de la justicia.
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El juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, declaró la causa en tramitación compleja por el número de imputados y la naturaleza organizada del delito. En la audiencia inicial del 28 de septiembre envió a juicio a los cuatro miembros del núcleo familiar, a los tres extrabajadores y a otros siete señalados que facilitaron sus identidades y firmas para cobrar los cheques. El inicio del juicio oral y público quedó tentativamente fijado para el 2 de noviembre.
Los delitos imputados son crimen organizado, estafa agravada y uso de documentos falsos, en perjuicio de Seguros Lafise S. A. y del Estado de Nicaragua.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Periodista Nicaragua Investiga
