Unos 79 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua permanecieron 63 días sin celebrar sesiones plenarias ni reuniones de comisiones entre finales de julio y septiembre de 2026. Durante ese período mantuvieron su remuneración intacta. La inactividad coincidió con el proceso de consultas de una reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De los 91 legisladores que integran actualmente el Parlamento (el cargo reservado al expresidente quedó vacante tras la reelección de 2021), solo una Comisión Especial de Carácter Constitucional, integrada por 12 diputados, mantuvo actividad. El resto no participó en ninguna labor legislativa ordinaria.
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Cómo se sumaron los días libres
La Ley Orgánica del Poder Legislativo ya contempla recesos formales: unos 15 días entre julio y agosto, 24 días entre el 16 de diciembre y el 8 de enero, y 10 días por Semana Santa. Esos períodos suman 49 jornadas sin actividad. Al agregar los 63 días de pausa extraordinaria, la mayoría de los diputados acumularía 112 días remunerados sin sesiones ni trabajo en comisiones durante 2026.
No existen cifras oficiales actualizadas sobre los salarios. Un cálculo de 2018, citado por medios independientes, ubicaba el ingreso mensual de cada legislador en 96.251 córdobas, equivalente a unos 3.522 dólares al tipo de cambio actual y a aproximadamente siete salarios mínimos.
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Las dos pausas y el retorno puntual
La primera interrupción comenzó el 28 de julio, cuando el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, leyó la iniciativa de reforma constitucional y anunció la apertura de consultas. Los diputados no volvieron a reunirse en pleno hasta el 1 de septiembre, fecha en la que aprobaron la enmienda a mano alzada en un acto realizado en León.
Durante agosto solo se convocaron dos sesiones especiales de carácter conmemorativo (22 y 29 de agosto). No se discutió ni aprobó ninguna iniciativa de ley. Al día siguiente de la aprobación en León, el Ejecutivo ordenó una segunda ronda de consultas, lo que generó una nueva pausa a partir del 3 de septiembre. Las comisiones tampoco se reunieron y no se presentó ninguna norma para trámite.
La última ley aprobada antes de estas interrupciones fue la que creó la Dirección General de Transporte Acuático, que transfirió el control de esa actividad al Ejército y redujo competencias del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
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Quiénes hicieron las consultas
La comisión especial estuvo encabezada por miembros de la junta directiva (Gustavo Porras, Arling Alonso, Amada Pineda, Loria Raquel Dixon y Wilfredo Navarro) y por los jefes de bancada de las fuerzas representadas en el Parlamento. También participaron la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
Según reportes de medios independientes, en las reuniones de consulta asistieron familiares directos de Ortega y Murillo, además de funcionarios del aparato estatal. La primera fase de consultas incluyó 31 encuentros en 36 días. La segunda comenzó el 9 de septiembre en La Trinidad (Estelí) y, hasta el 29 de ese mes, había realizado 15 reuniones que abarcaron 33 municipios de Estelí, Matagalpa y Chinandega.
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El regreso al pleno
Los diputados reanudaron las sesiones ordinarias el 29 de septiembre. Ese día aprobaron, mediante trámite urgente y con dispensa del plazo de 48 horas, un decreto sobre el establecimiento de la Organización Mundial para la Cooperación en Inteligencia Artificial. La actividad legislativa ordinaria había permanecido suspendida mientras las consultas constitucionales continuaban en el interior del país.
Periodista Nicaragua Investiga
