Tras una tregua de casi dos años, el expresidente boliviano Evo Morales, líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ha pasado a la ofensiva contra el gobierno de su heredero político, el mandatario Luis Arce, y los analistas temen que la disputa dentro del oficialismo lleve a una ruptura cuando el país aún no se recupera de las secuelas de la crisis política de 2019.
En la más reciente escalada Morales culpó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, del robo de su celular en un acto público, denunció sobornos en la construcción de una carretera, protección al narcotráfico y acusó a colaboradores de Arce de urdir un “plan negro” para desplazarlo.
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Arce no ha respondido y tampoco ha cedido a la presión de Morales para cambiar ministros, pero un diputado allegado suyo acusó al MAS de financiarse en el pasado con dinero del narcotráfico.
El tercero en disputa es el vicepresidente David Choquehuanca, de origen aimara como Morales, que le está restando influencia al expresidente en los sectores indígenas de occidente, por lo que varios analistas creen que el partido se encamina a la fractura.
Arce fue el cerebro del éxito económico del gobierno de Morales como ministro del área por más de una década, lo que le valió que Morales lo designara candidato para recuperar el poder en los comicios de 2020.
Pero las discrepancias entre ambos fueron creciendo hasta llegar a una suerte de guerra declarada.
“La ruptura está latente entre el presidente del país y el presidente del partido gobernante. Arce tiene la iniciativa estando en funciones, Morales tiene poco que ofrecer”, dijo a AP Paul Coca, profesor de la Universidad Privada Domingo Savio.
No obstante, Arce no ha logrado lidiar con las presiones de organizaciones sociales y sindicatos que lidera Morales y que pugnan por espacios de poder, lo que suma conflictividad social en medio de una fragilidad económica, señala la profesora universitaria de Ciencia Política, María Teresa Zegada.
El MAS, la organización política más grande de Bolivia desde el derrumbe de los partidos tradicionales en 2003, dejó de ser una fuerza monolítica tras la crisis de 2019, cuando Morales intentó obtener un cuarto mandato consecutivo en elecciones consideradas fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En medio de la agitación social, que dejó más de una treintena de muertos, Morales renunció a la presidencia y se refugió primero en México y luego en Argentina. Regresó a Bolivia recién tras el triunfo de Arce en 2020 en las elecciones convocadas por la presidenta interina Jeanine Áñez, quien hasta entonces era la titular del Senado.
Áñez fue condenada en junio a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución por la sesión del Congreso en la que se proclamó presidenta, una sentencia que ha ido cuestionada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
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Dividida y debilitada, la oposición no ha levantado cabeza desde la victoria de Arce en las urnas y el país sigue articulado por el discurso del MAS y su proyecto político.
La mayor oposición al MAS proviene de los poderosos grupos cívicos de la región oriental de Santa Cruz, bastión opositor y motor de la economía de Bolivia, cuyo gobernador Luis Fernando Camacho lideró las protestas que forzaron la renuncia de Morales y está abiertamente enfrentado a Arce.
Mientras tanto, la tensión política en el MAS agita las calles.
“El Evo tiene miedo de que Arce lo haga mejor, tiene miedo de que le quite su lugar”, dijo María Justina, una vendedora de empanadas en un puesto callejero. A lo que un cliente replicó: “Arce es débil, puede hacer mucho pero no quiere”.
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