El cierre de oenegés en el país por parte de la dictadura Ortega-Murillo, trajo a su paso pérdidas económicas, miles de nicaragüenses en el desempleo, así como otros miles de personas que quedaron desatendidas.
El informe de Fundación del Río “El cierre de los OSFL en Nicaragua”, presentado este jueves por el biólogo Amaru Ruiz, revela que desde el 2018-2023 han sido canceladas 3,363 oenegés en Nicaragua, lo que equivale a 255 millones de dólares en pérdidas, 23,483 desempleados y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos.
“Las organizaciones de sociedad civil generaban empleos formales, es decir, inscritos debidamente en el INSS”, refirió Ruiz, quien dirige Fundación del Río.
También mencionó que cuando analizaron las cifras de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) hasta 2022, se encontraron que el 52% de esos organismos tenían domicilio en el departamento de Managua, sin embargo, vimos que había una incidencia en todo el país, es decir hay organizaciones que tenían registros en otros departamentos que también fueron afectados”.
El monitoreo realizado por Fundación del Río expone que es un esfuerzo por seguir mostrando datos y evidencia de la situación de violación a la Libertad de Asociación y su impacto en el país, con el objetivo de mantener informado al pueblo de Nicaragua, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional sobre la reducción del espacio cívico en el país.
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También destaca que dicha recopilación forma parte de las acciones de documentación y de construcción de memoria histórica que en algún momento necesitará el país para su reconstrucción.
Organismos velaban por los DDHH y cooperación al desarrollo
El régimen Ortega-Murillo ha cancelado un total 3,363 Organismos Sin Fines de Lucro lo que representa la reducción 46% de las personerías jurídicas en Nicaragua, detalla el informe de Fundación del Río.
Solo del 2018-2022, el régimen canceló 2,829 organismos nacionales, en ese mismo tiempo fueron cancelados 344 organismos internacionales, 36 tuvieron cambio de personería jurídica y 2 por optaron por disolución voluntaria.
En tanto en el 2023 fueron 119 organismos nacionales cerrados, a estos se suman 3 organismos internacionales y 31 optaron por la disolución voluntaria, para un total de 3,363.
El informe detalla que el 38% de los OSFL nacionales cancelados atendían temáticas de derechos humanos, mientras que el 74% de los OSFL internacionales cancelados se dedicaban a la cooperación al desarrollo, en áreas de salud, religioso, niñez, mujeres, educación, cultural, ambiental y más.
Así mismo, indica que el 98% de las cancelaciones de los OSFL fueron en el 2022, oficializadas en 73 gacetas a través de 4 instrumentos legales, que son: Acuerdo Ministerial, Decreto Asamblea Nacional, Ley Especial- Cambio Jurídico y Resolución Administrativa.
Motivos para el cierre
Ruiz mencionó que a través del monitorio se identificaron 4 motivos detrás de las cancelaciones: la criminalización de la labor de los OSFL, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.
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