El régimen de Daniel Ortega, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), convirtió a los abogados y notarios públicos en una especie de investigadores policiales o agentes del Estado, ya que los está obligando a realizar preguntas a sus clientes que antes no eran necesarias y que pueden dar pie a investigaciones policiales, denunciaron ante Nicaragua Investiga dos juristas que pidieron anonimato.
Desde el año 2020, la CSJ, a través de la entonces recién creada Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), obligó a los notarios a inscribirse en esta oficina para estar facultados para elaborar escrituras de compra-venta de propiedades, creación de empresas o sociedades, creación de personas jurídicas, compra-ventas de entidades comerciales, u otras actividades en las que estén de por medio grandes cantidades de dinero.
Los notarios solo pueden elaborar este tipo de escrituras si están inscritos en la DGCIP, la cual ahora les obliga a adjuntar a las escrituras una serie de documentos con información que antes no era requerida, como la fuente de los recursos monetarios con la que se realizan las transacciones, especialmente si las mismas pasan de los cien mil dólares, así como reportar las que son sospechosas e identificar plenamente a las personas que participan en ellas.
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«Todo el que hace una transacción jurídica es conocido por ellos (autoridades de la CSJ). Qué compraste, cuándo compraste, a quién le compraste, y hay que llenar la fichita, la guía, que demostraste de dónde sacaste ese dinero. O sea, ahora el notario, desde el 2020 se convierte en investigador policial, en un agente del Estado, porque te tengo que preguntar y me tenés que demostrar cómo obtuviste el dinero», explicó uno de los juristas.
El pasado 31 de agosto de este año 2023, hace solo siete días, la DGCIP emitió una circular, la 01-2023, advirtiendo a los notarios que todas las escrituras que no tienen adjuntas esa documentación serán como «no recibidas» y se declararán como tales hasta que hayan insertados esos documentos.
La circular es firmada por el juez Julio César Arias, ahora director de la DGCIP.
De esa forma, manifiestan los juristas, el régimen está exigiendo a los notarios que cumplan con esos requisitos y con ello se aseguran tener control sobre el dinero que llega a las manos de los nicaragüenses que realizan ese tipo de transacciones, tanto de los que compran como de los que venden.
“Esta es una dictadura que piensa que debe controlar todo. Irán implementando todo control que les permita obtener información”, advirtió uno de los letrados.
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Acabaron con las sociedades anónimas
Una de las documentaciones que deben adjuntar los notarios en las escrituras se llama Reporte de identificación del Beneficiario Final de Personas Jurídicas (RBF), la cual requiere que el notario plasme quiénes son las personas que constituyen, por ejemplo, una sociedad.
Así, el régimen acaba con las sociedades anónimas, porque ahora todos los integrantes de la sociedad deben ser identificados plenamente, tanto el beneficiario final, el administrador, representantes, dueños, entre otros.
«Debe quedar claro quiénes son. Quién es el dueño de las acciones, quién agarra más, una copia de sus cédulas, todos sus datos. Antes esta información no se brindaba porque era los socios eran anónimos. Hoy, ya no existen las sociedades anónimas», adujo uno de las fuentes.
Los umbrales
Cualquier notario puede elaborar escrituras de transacciones de montos pequeños, pero solo los que están inscritos en la DGCIP puede hacer las que involucran cantidades grandes, superior a los 100 mil dólares.
«Si tu compra-venta pasa de 100 mil dólares, pasás los umbrales, entonces se tiene que llenar otra de esas guías en las que tenés que demostrar hasta el último peso que tiene tu cliente. El notario tiene que preguntar de dónde sacó el dinero», manifestó el otro abogado, quien añadió que con esa información el notario debe llenar un documento que se llama Reporte de Operaciones Relacionadas a Umbrales (ROU).
La fuente puso de ejemplo una escritura que acaba de redactar, en la que una persona compró una finca con precio mayor a ese umbral de los 100 mil dólares y se tuvo que adjuntar en la escritura un rollo de cartas de venta del ganado que salió de su finca, firmado por la alcaldía y demostrando también que los animales habían nacido en su finca.
«El control es total sobre de dónde sacas el dinero, o si te lo mandaron del extranjero», indicó.
Actividades inusuales
Mediante la DGCIP, la dictadura también quiere que los notarios le hagan el trabajo a la Policía, detectando transacciones inusuales que puedan dar pie a una investigación policial.
Para ello, deben de llenar un documento que se llama Reporte de Operación Inusual (ROI).
«Operaciones inusuales se les llama, por ejemplo, si el notario detecta que un usuario hace más de una compra en el mes. Entonces, debe alertar a las autoridades que se están realizando actividades inusuales», explicó uno de los juristas.
La información que brindan los notarios sobre esas operaciones inusuales pueden tornarse en una investigación policial, ya que la CSJ filtrará esa información a las autoridades policiales, explicaron los juristas.
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