La suspensión definitiva de la abogada Yonarqui Martínez por parte de la Corte Suprema de Justicia, es un mecanismo para amedrentar el ejercicio de la profesión y a todos aquellos que se atreven a señalar las violaciones a los procesos judiciales, según explican expertos.
“La finalidad de castigar a la doctora tiene también una repercusión pública dirigida a un sector concreto y es el de los abogados que están en Nicaragua”, explica a Nicaragua Investiga el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, Secretario Ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Internacional en Derechos Humanos (Calidh).
Una apreciación similar tiene el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien expone que desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más conocen que “el ejercicio de la profesión relacionado al ámbito como el que desempeñaba Yonarqui, el clima no es para nada agradable”.
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El despojo de la acreditación a Yonarqui Martínez ha sido catalogado como “inaudito”. Uno de los abogados que se pronunció públicamente al respecto fue el exfuncionario judicial Yader Morazán.
«Es inaudito «anular» un título, porque este fue otorgado por haber cumplido requisitos legales para extenderlo. En todo caso, lo que cabe es la suspensión del ejercicio profesional. Ya que las nulidades corresponden a un vicio en la forma (formalidades) y no en el ejercicio», indicó a través de sus redes sociales.
«La misma circular que contiene la resolución de «suspensión Definitiva», cita al DECRETO N°. 1618, mismo que contiene como pena máxima, la suspensión de hasta dos años (art. 3) y sólo en caso de delitos en el ejercicio de la profesión, podrá imponerse una suspensión de hasta cinco años(art.2)», agregó.
Es inaudito "anular" un título, porque este fue otorgado por haber cumplido requisitos legales para extenderlo. En todo caso, lo que cabe es la suspensión del ejercicio profesional. Ya que las nulidades corresponden a un vicio en la forma (formalidades) y no en el ejercicio.
— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) May 9, 2023
Nicaragüenses viven bajo “terrorismo de Estado”
Sin embargo, la acción contra la abogada trasciende más allá y afecta directamente a los profesionales del derecho, a otras profesiones y a la población en general. Con ello se “reafirma el terrorismo de estado que vive el país”, según explica el secretario ejecutivo de Calidh.
“Con la suspensión de la doctora Martínez se buscaba atemorizar al gremio de los abogados y notarios. Cuando se detuvo a la Dra. Anelly Pérez, la finalidad era detener cualquier acción opositora del gremio médico que ha sido bien activo, entonces así va el gobierno, utilizando las herramientas del terrorismo de estado para someteer y subordinar a toda la población y quebrantar la moral de todo ciudadano mediante un estado sistemático de terror y provocar una disonancia social haciendo”, explica Ramírez-Ayerdiz.
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Para el abogado Gonzalo Carrión, las acciones tomadas contra Martínez forman parte de “un entramado que ha estado ejecutando la maquinaria del régimen contra todo sinónimo de libertad, de ejercicio de derechos”.
“Es parte de esa consecutiva persecución que en general el país ha sufrido y Yonarqui no es la excepción, ella ya no podía desempeñar libremente como no lo pueden hacer ninguna persona que se dice profesional y que quiera ejercer la abogacía y tiene que cuestionar todos los atropellos relacionados a los procesos como el caso de las personas presas políticas sometidas al arbitrio, las violaciones de derechos y garantías y al cumplimiento de órdenes partidarias, todo menos el respeto al órden constitucional”, detalla Carrión.
Régimen quiere que nicaragüenses queden “en indefensión”
Con todas estas acciones el régimen dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo busca “que los nicaragüenses queden completamente en indefensión”, pues de acuerdo a la explicación de Danny Ramírez-Ayerdiz, “los abogados son el último bastión para garantizar por los menos el debido proceso en los juicios”.
“Se busca que los nicaragüenses queden sin ningún derecho prácticamente, ni siquiera ante un proceso penal”, agrega el defensor de derechos humanos, quien además expone que han documentado denuncias de varios abogados que les han enviado autorizaciones para que en el caso de que fueran detenidos Calidh solicite “medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“La situación es que si los abogados protestan en medio de procesos que se están convirtiendo en nulos o están cometiéndose violaciones al debido proceso, les abren causas para castigarlos ya sea por parte del Consejo Nacional que administra el tema de la carrera de abogados, el ejercicio de la abogacía o mediante acusaciones falsas por parte de la Fiscalía”, explica.
Abogados son sometidos al “castigo”
Con todo ello, el régimen aplica un “castigo contra los profesionales que buscan silenciarlos y busca imponer terror entre ellos. La finalidad de imponer terror es propia del terrorismo de estado, se dirige a toda la población o a un sector específico”, agrega Ramírez-Ayerdiz.
Desafortunadamente hasta el mismo gremio de abogados está desprotegido, pues tampoco tienen a nadie que los defienda de los atropellos del régimen de Daniel Ortega.
“En Nicaragua los perseguidos ni siquiera tienden a ser defendidos, Yonarqui es un ejemplo de esto y muchos abogados se vieron obligados a tener que salir del país exactamente por ejercer labor”, concluye el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión.
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