No hay cifras porque la Policía, al igual que todas las instituciones de la dictadura de Daniel Ortega, mantiene un «bloqueo informativo» y no las brinda, pero la ola de robos se ha disparado en los últimos meses en Nicaragua, especialmente en Managua, según se revela en las noticias y en las redes sociales.
Solo el pasado fin de semana, circularon en las redes sociales tres videos de asaltos en las calles de la capital, bajo el mismo modus operandis: dos hombres en moto con arma en mano intimidando a sus víctimas.
Una pobladora de un barrio del Distrito V de Managua, que pidió ocultar su identidad por seguridad, contó que el lunes al salir de su escuela una adolescente de 15 años fue amenazada con arma por dos hombres a bordo de una motocicleta que le exigían entregar el celular.
«Ella estaba nerviosa, en realidad ella no llevaba el teléfono y otra gente que venía a retirar a sus hijos la auxiliaron, pero los hombres le arrebataron la mochila, y la empujaron, la botaron», relató.
Eso sucedió solo pocos días después de que otra jovencita fuera asaltada en la parada de bus de su barrio. La Policía no resolvió el hecho.
Aunque no brinda estadísticas de la cantidad de denuncias por robos que recibe, la Policía sí publica un reporte, en los que afirma que semanalmente captura entre 9 y 16 personas sospechosas de «delitos aspiracionales», a como prefieren llamarle a los robos.
El ocultamiento de información sobre la ocurrencia de este tipo de delitos podría estar relacionado a que la dictadura Ortega Murillo desea también disimular otros aspectos que desnudan su inoperancia, explican un experto en derechos humanos y otro en temas de seguridad pública a Nicaragua Investiga.
Principalmente, los especialistas mencionan tres causas mayores para que la delincuencia común tenga deteriorada a la seguridad pública o ciudadana en la actualidad: uno, problemas socioeconómicos; dos, perdida de capacidad de prevención del delito por parte de la Policía, que es más utilizada para reprimir políticamente y, tres, las más de 35 mil liberaciones de reos comunes que ha realizado la dictadura desde 2018.
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Desempleo y alto costo de la vida
«Cuando las condiciones se endurecen, la tendencia natural es que aumente la inseguridad», explica el jurista Uriel Pineda, refiriéndose a que en la actualidad, en Nicaragua, los niveles de desempleo y los bajos salarios no se corresponden con el alto costo de vida existente.
Para subsistir, algunas personas se dedican a robar objetos para luego comercializarlos, añade.
El experto en temas de seguridad, quien prefiere mantenerse en el anonimato, explica que otro problema, que induce a los delincuentes a robar, es que, si tienen antecedentes penales o judiciales, se les dificulta encontrar empleo.
A pesar de que el régimen ha dicho, a través del Instituto Nacional de Desarrollo e Información (Inide), que en el país existe una ocupación del 96.3 por ciento, la verdad, explica el economista Enrique Sáenz, es que el 55 por ciento de los nicaragüenses tienen empleos precarios, en los que no se gana ni el salario mínimo y muchas veces, en el 12 por ciento de la población, trabajan solo «por la comida».
Por otra parte, mientras el salario mínimo en Nicaragua oscila entre los 8,000 y los 10,000 córdobas aproximadamente, el costo de la canasta básica ronda los 20 mil córdobas.
Policía cumple mandato político y no de prevención
A la vez que la semana pasada circularon videos en las redes sociales de asaltos en motos a mujeres, también se daba a conocer que al menos 20 patrullas policiales tenían rodeadas las casas de la madre del exmagistrado judicial Rafael Solís y de un hijo de este último.
Pineda indica que la Policía se ha dedicado en los últimos años a reprimir, a perseguir, convertido en un brazo represor del régimen y, como consecuencia, se desnaturalizó su función de seguridad pública o de seguridad ciudadana, de manera que ha perdido capacidad en cuanto a prevención del delito e investigación.
«Todo se ha centrado en función de la represión del régimen», lamenta el jurista.
El especialista en derechos humanos considera que la desnaturalización de la Policía ha creado impunidad, que es uno de los elementos detonantes de la inseguridad.
«Si yo robo y no pasa nada, entonces se cruza esa barrera más fácilmente y se actúa más abiertamente al amparo de la impunidad y la incapacidad que tiene la fuerza de seguridad pública de contener este tipo de delitos», comenta.
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El impacto de la liberación de reos comunes
Desde el 2018, la dictadura de los Ortega Murillo ha ordenado la liberación de más de 35 mil reos comunes, según se desprende de los informes oficiales, siendo la última la del pasado 19 de abril cuando sacaron a 1,500 reos comunes.
Para Pineda, el régimen los libera porque no tiene capacidad económica para mantenerlos, y tampoco quiere destinar recursos para ellos, por lo que, la «solución fácil» es liberarlos.
El especialista recuerda que, cuando terminó el gobierno de Enrique Bolaños, la población penal del país era de 6,000 personas, pero el régimen Ortega Murillo, con la instrumentalización política que ha realizado, y la corrupción que hay dentro de la Policía, ha empezado a encarcelar a mucha gente, lo cual ha derivado en la saturación del sistema carcelario, en virtud de lo cual el régimen ha liberado a los reos comunes.
«El problema surge cuando tenemos a actores que actúan al margen de la ley y que andan robando impunemente. Si por casualidad los atrapan y los apresan, los procesan, pueden quedar libres fácilmente con este tipo de medidas. Este mensaje de impunidad también es un factor que incide en el tema de la inseguridad que prevalece en el país», explica el jurista.
El experto en temas de seguridad añade que la liberación de reos comunes debería de ir acompañada de un proceso de re educación para la integración del liberado al trabajo y a ser socialmente útil. Como eso no existe, «es de esperar esos resultados».
«Mientras no se aborde (el problema) desde una perspectiva amplia, andaremos como apaga fuego», finalizó.
Redacción Central
