A dos años de que estalló la crisis política, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI publicó un artículo titulado «Nicaragua: dos años de impunidad» en donde lamenta que en Nicaragua aún no se haya brindado justicia para las víctimas de la represión estatal que ascienden a más de 300 personas asesinadas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Desafortunadamente, no existe ningún avance en el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones de derechos humanos mencionadas en el informe del GIEI. Por el contrario, la garantía de impunidad para esos crímenes fue reforzada en junio de 2019 mediante la sanción, por parte de la Asamblea Nacional, con mayoría de representantes oficialistas, de una Ley de Amnistía que pretende impedir su juzgamiento» señala el artículo del GIEI, que también destaca que debe haber verdad, justicia y reparación a las personas que han perdido a sus seres queridos.
Opositores han denunciado que Ortega mantiene un Estado Policial en Nicaragua – Fotos: Nicaragua Investiga
Ante la falta de justicia para las víctimas y el inexistente castigo para los victimarios, el GIEI expone en su artículo que existe la posibilidad de que los señalados «sean investigados en las jurisdicciones de otros Estados en virtud del principio de jurisdicción universal» explica el grupo.
» Con la finalidad de evitar la impunidad, consideramos importante que los Estados miembros del sistema regional, la OEA, así como del sistema internacional, la ONU, inicien investigaciones; y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal, conforme el derecho internacional vigente y la legislación interna de cada país» recomendó el GIEI.
Por otro lado, el GIEI también lamentó que dos años después, las autoridades nicaragüenses no hayan avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones que este grupo emitió. «Su cumplimiento es crucial para reestablecer un estado de derecho y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir» señalan los expertos.
Las recomendaciones del GIEI están dirigidas a realizar una reestructuración de la Policía Nacional, la Fiscalía General, todo el Poder Judicial y otras dependencias del Estado, y de igual manera garantizar los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión. Hasta la fecha, las manifestaciones opositoras no son permitidas por el gobierno de Ortega y no ha cesado el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas señalan los expertos.
Ortega responsable por Crímenes de Lesa Humanidad
A finales de diciembre del año 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes compuesto por los investigadores Sofía Macher, Amérigo Incalcaterra, Claudia Paz y Pablo Parenti, concluyó que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad en contra de ciudadanos nicaragüenses que exigían la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser los principales responsables de la represión estatal.
Madres de abril reclaman justicia por sus hijos asesinados – Foto: Nicaragua Investiga
En el demoledor informe que emitió el GIEI en diciembre del 2018, se puede comprobar que tanto Ortega como Murillo dieron el aval para la represión junto a otros altos funcionarios estatales. El GIEI solamente estaba autorizado para investigar los hechos ocurridos del 18 de abril hasta el 30 de mayo del 2018, peri0do en el que constató, «109 muertes violentas, más de 1400 heridos y 690 detenidos en los 43 días investigados, así como la actuación cómplice del sistema de salud, la falta de investigación y la ausencia de garantías del debido proceso por parte de la Fiscalía y del poder Judicial».
Una de la concluciones de este infome fue que las protestas que iniciaron el 18 de abril fueron de «años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando las instituciones públicas y concentrando el poder en el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo»
El informe también describe como se sometieron a los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral a la voluntad del Ejecutivo, y se instaló un modelo de control absoluto y autoritario en donde Ortega da la orden para todo.
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