Las autoridades nicaragüenses mantienen en secreto el anuario correspondiente al año 2021, y no se conocen datos sobre el año 2022. Tanto la Policía de Nicaragua como el Instituto de Medicina Legal (IML) mantienen desactualizados sus datos hasta el año 2020, en los que reportaron un total de 322 homicidios y 151 asesinatos, según la Policía.
Según el Código Penal de Nicaragua, el delito de homicidio consiste en privar a una persona de la vida, pero, se cataloga como asesinato cuando durante el acto de quitarle la vida a alguien, se realiza con alevosía, ensañamiento, o bien, reciba algún tipo de recompensa por realizar el acto.
Por otro lado, el IML reporta 480 homicidios, de los cuales 427 son hombres. Del total, en el año 2020, el grupo poblacional más vulnerable son las personas de entre 18 y 38 años. Del 2021 y del 2022 se desconocen los datos estadísticos.
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Sin embargo, organizaciones independientes como Monitoreo Azul y Blanco, han hecho sus recuentos en medida de lo posible, y han logrado determinar que en el año 2021 ocurrieron 153 asesinatos.
¿Qué dicen las estadísticas independientes?
El Monitoreo Azul y Blanco en su informe «una espiral sostenida de violencia», señala que de acuerdo con el perfil de los perpetradores de estos crímenes, el 98% de estos fueron cometidos por hombres, y en el resto participaron mujeres. Así mismo se destaca que la mayoría de estos ocurrieron entre las 12 p.m. y las 4:00 p.m.
Según esta organización, en el país existe una permanencia de violencia letal, y que gran arte de esto se debe a los eventos sucedidos en el año 2018, tras el estallido de las protestas sociales.
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«En cuanto a las motivaciones, es importante resaltar que la violencia de género representa un porcentaje significativo; mientras que los asaltos o robos, representan un porcentaje menor. Otros motivos podrían estar vinculados con situaciones políticas, sin embargo, no hay evidencia consistente en esa dirección», destaca el documento.
¿Podría incrementar el índice de criminalidad?
La falta de cifras oficiales, también deja susceptible a la población a que, debido al desconocimiento de la situación actual, haya factores en los cuales se vean más vulnerados, como los indultos que el gobierno de Ortega ofrece a reos comunes, y que hasta la fecha se han realizado más de 15,000.
La socióloga e investigadora Elvira Cuadra, afirma que luego de estas liberaciones es posible que los índices de criminalidad aumenten en el país, y por lo tanto, los asaltos, homicidios y asesinatos, incrementen de acuerdo con la evolución del contexto del país. Es decir, que si Nicaragua continúa al rumbo del autoritarismo ejercido por Daniel Ortega, hay una gran probabilidad que los índices aumenten.
«El régimen Ortega-Murillo funciona como un dinamizador de la violencia que estamos viendo en el país, como la delincuencia y la criminalidad común (…) es difícil decirlo (el incremento de la criminalidad) porque depende mucho de como avance la situación del país (…) pero toda la región centroamericana tiene una tendencia creciente», señala.
Para la socióloga, el Estado nicaragüense «ha quedado relegado en sus deberes y responsabilidad de garantizar la protección e integridad física» de la población, ya que la impunidad en algunos casos es aprovechada por personas que cometen crímenes, o bien, por agentes estatales afines a Daniel Ortega, para influir temor en las calles.
«El régimen de los Ortega-Murillo, ha impuesto una política de represión sobre la ciudadanía y eso es como la política de seguridad que hay en Nicaragua, que no está orientada a proteger a los ciudadanos, sino mas bien a restringir libertades y derechos, y pone a todas las instituciones del Estado en esa función», afirmó.
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