Un informe emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos confirmó el arresto del periodista nicaragüense Luis Manuel Chavarría Galeano, ocurrido el pasado 14 de septiembre durante operativos de rutina en Florida. La autoridad migratoria sostiene en su escrito que Galeano incurrió en una «violación de las leyes» tras haber sobrepasado el tiempo de permanencia autorizado con su visa de ingreso en 2018.
Sin embargo, lo afirmado por el comunicado oficial no toma en cuenta la realidad de su trámite migratorio: aunque la visa inicial de Galeano expiró el 20 de junio de 2019, el comunicador inició oportunamente su proceso formal de solicitud de asilo político.
Como parte de este procedimiento legal y bajo el amparo de la normativa estadounidense, Galeano contaba con un número de Seguro Social, autorización oficial de empleo y realizaba el pago regular de sus impuestos (taxes), habiendo cumplido con todos los requerimientos que exige la ley para los solicitantes de protección internacional mientras su caso avanza.
“Proceso de remoción” en marcha
El DHS detalló en su comunicado que el periodista «permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de los procedimientos de remoción» (expulsión). En el marco del sistema judicial migratorio norteamericano, la apertura de un procedimiento de remoción (removal proceedings) representa el inicio de un proceso administrativo en corte y no equivale a una deportación expedita ni a una orden ejecutada.
La situación de Galeano deberá ser evaluada por un juez de inmigración en la audiencia fijada para el próximo 2 de octubre. En esta instancia, la defensa del comunicador presentará las pruebas pertinentes de su persecución política en Nicaragua —donde fue despojado de su nacionalidad por el régimen Ortega-Murillo— para solicitar la suspensión de cualquier intento de deportación y pedir su liberación bajo fianza o bajo palabra.
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Presión por incentivos de autodeportación
En una segunda parte del comunicado, el DHS incluyó una advertencia general dirigida a la población migrante en situación irregular, exhortándolos a utilizar la aplicación CBP Home para acogerse a incentivos económicos de $3,000 y boletos de avión para realizar la «autodeportación», amenazando con el arresto y la expulsión definitiva a quienes no lo hagan.
Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y miembros del Congreso estadounidense como la representante María Elvira Salazar, han reaccionado con preocupación ante el caso. Han recordado a las autoridades federales que enviar de regreso a un comunicador despojado de su patria y perseguido por la dictadura violaría los principios de protección internacional de Estados Unidos.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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