Familiares y organizaciones de derechos humanos advierten que los presos políticos en Nicaragua enfrentan un deterioro acelerado de su salud por la falta de tratamientos continuos, alimentación insuficiente y barreras para ver especialistas. El temor principal es que algunos de ellos terminen en desaparición forzada.
A finales de mayo de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 46 personas detenidas por razones políticas: 43 hombres y tres mujeres. De ese grupo, 13 son adultas mayores y nueve se encuentran en desaparición forzada. La preocupación se concentra en quienes padecen enfermedades crónicas y no reciben medicación de forma regular.
Los parientes denuncian que las autoridades entregan fármacos de manera intermitente, que la dieta es deficiente y que las condiciones de reclusión son precarias. También señalan que se niega o se retrasa el acceso a médicos especialistas pese al evidente empeoramiento físico de los detenidos.
El caso de Brooklyn Rivera Bryan, dirigente indígena miskito y fundador de Yatama, intensificó las alarmas. Fue detenido el 29 de septiembre de 2023. Durante más de 900 días su familia no supo dónde estaba ni qué atención recibía. El 27 de mayo el gobierno difundió fotografías de Rivera postrado en un hospital. Tres días después anunció su muerte y la atribuyó a varias enfermedades. Familiares y organizaciones indígenas cuestionaron esa versión y señalaron que el aislamiento prolongado y la falta de información fueron determinantes.
Tras el fallecimiento, las autoridades impidieron el traslado del cuerpo a la Costa Caribe para un sepelio conforme a las costumbres de su pueblo. Seis personas que viajaron desde Bilwi a Managua para reclamar el cadáver —Alda López Bryan, Jorge Webster Rojas, Kurney Valle Bushy, Florencia Sarmiento, Jorbis Hendy López y Glenis Pantin Coleman— fueron detenidas. Hasta ahora se desconoce su paradero.
La desaparición forzada no es un caso aislado. Siete personas siguen sin localizar; cinco de ellas son adultas mayores: Douglas Gamaliel Álvarez Morales, Víctor Boitano Coleman, Eddy Moisés González Valdivia, Larry Javier Martínez Romero, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, Carlos Ramón Brenes Sánchez y Ricardo José Mendoza Yrigoyen. Sus familias exigen saber dónde están y en qué estado de salud se encuentran, sin respuesta oficial.
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Según el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), desde 2018 el Estado nicaragüense aplica de forma sistemática detenciones arbitrarias, tratos crueles, incomunicación y denegación de atención médica contra opositores. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha señalado que estas prácticas pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Nueve personas han muerto bajo custodia estatal, entre ellas Eddy Montes, Hugo Torres, Humberto Ortega, Carlos Cárdenas y Brooklyn Rivera.
Los familiares piden la presentación pública inmediata de los desaparecidos, acceso a atención médica independiente, información verificable sobre el estado de salud de los detenidos y la liberación de todos los presos políticos. Cada día de incomunicación, advierten, aumenta el riesgo de un desenlace irreversible.
Periodista Nicaragua Investiga
