Mientras la población nicaragüense padece un alarmante incremento de la delincuencia en las calles —evidenciado en el estallido de asaltos a mano armada y robos violentos con motocicletas—, la vocera y codictadora del régimen, Rosario Murillo, anunció la excarcelación masiva de otros 1,500 privados de libertad bajo la figura de «convivencia familiar» para el próximo lunes 21 de septiembre.
La medida abre nuevamente las puertas de los penales del país sin que el Estado garantice un proceso riguroso de selección o un seguimiento efectivo para la reinserción de los beneficiados.
A través de su acostumbrada alocución en medios oficialistas, Murillo confirmó la medida ignorando por completo la ola de inseguridad que azota a barrios y colonias de todo el país:
«Todas estas personas después de haber cumplido un periodo de resguardo en las dependencias del sistema penitenciario por errores o delitos cometidos retornan a sus hogares y sus familias en una oportunidad única de asumir una vida (…) confianza en la familia en el hogar y sobre todo sabemos que la mayoría de estas personas, estos hermanos y hermanas logran revertir los errores y caminar por nuevos rumbos en trabajo y paz», indicó.
De acuerdo con las cifras gubernamentales, los excarcelados se distribuyen en Managua (376), Granada (319), Matagalpa (294), Juigalpa (131), León (120), Estelí (110), Bluefields (84) y Chinandega (66). Murillo concluyó enviando «saludos a toda la familia que el día lunes van a estar recibiendo a sus seres queridos para acompañarlos en esta ruta de otra y buena vida».
Inseguridad desbordada y zozobra ciudadana
Sin embargo, el discurso oficial choca de frente con la realidad que vive la ciudadanía día a día. Denuncias frecuentes en redes sociales y reportes comunitarios advierten un patrón delictivo marcado por sujetos a bordo de motocicletas que interceptan a transeúntes, trabajadores y estudiantes a plena luz del día.
Diversos análisis independientes y denuncias de organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente que la política de liberación masiva de privados de libertad funciona como un mecanismo de propaganda e instrumentalización política. En la práctica, muchos de los beneficiados han sido condenados por delitos graves —como homicidios, violaciones, abusos sexuales y feminicidios— que por ley no aplican a indultos o beneficios penitenciarios acortados.
Organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos sostienen que la falta de rigurosidad en los criterios de preliberación ha devenido en múltiples casos de reincidencia sangrienta, dejando a las víctimas e indignadas familias expuestas al agresor y sin garantías de justicia o protección estatal.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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