La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el 16 de septiembre de 2026 una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a nueve personas detenidas en Nicaragua. El organismo sostiene que enfrentan un riesgo extremo, inminente e irreparable.
Los nombres incluidos en el pedido son Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila. Según la CIDH, todos permanecerían recluidos en el penal La Modelo.
En diciembre de 2025 la Comisión ya les había otorgado medidas cautelares. Esa protección, afirma ahora, no se tradujo en cambios concretos. El Estado nicaragüense no habría entregado información sobre acciones efectivas, ni sobre investigación de los riesgos, ni sobre mecanismos de concertación.
La Comisión describe un cuadro de encierro restrictivo: poco o ningún acceso a patio y sol, comida escasa o inadecuada, ausencia de atención médica especializada y un entorno de hostigamiento, amenazas y represalias atribuidas a autoridades penitenciarias. Dos de los detenidos —Jairo Alberto Obando Delgadillo y Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo— habrían sido agredidos de forma reciente. Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo y José Olivar Meza Raudez permanecerían desde hace semanas en celdas de castigo y aislamiento, con temperaturas extremas. Walter José Balmaceda Ruiz figura como uno de los más expuestos a amenazas directas por pedir atención médica, mejores condiciones o denunciar abusos.
Tres casos concentran la alarma sanitaria: José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila. Los dos últimos son personas mayores. Además, la CIDH señala que José Olivar Meza Raudez seguiría preso pese a haber cumplido, según se indica, su condena el 27 de julio de 2024.
Las medidas provisionales de la Corte IDH se dictan solo ante extrema gravedad y urgencia. Si la Corte las concede, el Estado queda obligado a adoptar actos concretos para resguardar la vida e integridad de las personas en riesgo. La CIDH insiste en que, hasta ahora, no hay evidencia de una respuesta idónea del Estado nicaragüense.
La Comisión es un órgano autónomo de la OEA, integrado por siete miembros independientes electos a título personal. Su pedido no resuelve por sí solo la situación de los nueve detenidos: abre la vía jurisdiccional más estricta del sistema interamericano para exigir protección inmediata.
Periodista Nicaragua Investiga
