En un intento de frenar las burlas en su contra, el Gobierno de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo afirmó, en un comunicado de prensa, que las únicas sanciones que piden sean detenidas son las que «afectan a todos los sectores del pueblo nicaragüense» y no las aplicadas a sus funcionarios.
El comunicado, escrito al estilo de la vicepresidenta Murillo, fue leído la mañana de este lunes por el canciller de Nicaragua, Dennis Moncada. El texto estaba cargado de epítetos y acusaciones contra miembros de la Alianza Cívica, a quienes señalaron de participar en «actos violentos».
«Hacemos un llamado a la suspensión y cese de las Medidas Unilaterales e Ilegales, conocidas como Sanciones, que afectan a todos los Sectores del Pueblo nicaragüense. Nos referimos a la Nica Act y a las amenazas y medidas coercitivas y restrictivas, contrarias al Derecho y a las Cartas y Convenciones Internacionales», dice parte del documento oficialista.
«Obviamente, no nos referimos a personas particulares que han sido mencionadas como sancionadas. Ninguno de los nicaragüenses incluidos en estas Medidas arbitrarias e ilegales posee cuentas, propiedades o negocios en los Estados Unidos, y por lo tanto, estas Sanciones, aunque totalmente injustas, no son de interés nacional, o personal, de ninguno», agrega el comunicado oficial.
Previo a la aprobación de la Nica Act, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, durante mitín político, minimizó el impacto de la ley aduciendo que la ciudadanía podía mitigar las afectaciones.
«¿Y si la aprueban qué?», cuestionó Ortega visiblemente contrariado.
La Ley Nica Act contempla sanciones económicas y migratorias a funcionarios nicaragüenses y obliga a Estados Unidos a usar su poder de veto en organismos financieros internacionales para bloquear préstamos a Nicaragua.
Alianza Cívica responde a delegación de Ortega
Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respondió, por medio de su cuenta de Twitter, exigiéndole al Gobierno de Ortega «el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y la liberación de los presos políticos».
Asimismo, la agrupación opositora le exige a las autoridades estatales acabar con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, permitir que los compatriotas ondeen la bandera nacional, liberar a los centenares de nicaragüenses que fueron encarcelados por pensar diferente, dejar de asediar y amenazar a los familiares de los reos políticos y de los excarcelados.
De igual forma, demandan la no criminalización de los periodistas independientes.
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