El dictador Daniel Ortega con sus políticas represivas continuó demoliendo los derechos humanos en Nicaragua durante el 2022. Lo anterior se desprende del último informe presentado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH).
El informe revela los principales abusos del dictador sandinista contra sus connacionales como la supresión de libertades, sometimiento a opositores a juicios sin garantías, destrucción definitiva de la autonomía municipal y los ataques contra la Iglesia católica, entre otros.
Situación de los presos políticos
El estudio señala que actualmente existen más de 251 presos políticos en condiciones carcelarias deplorables.
Se destaca igualmente que Ortega no ha atendido las sugerencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de liberar a los prisioneros, lo que obligó a ese tribunal a declarar al Estado en desacato internacional permanente.
CALIDH, por otro lado, señala que “la desarticulación del Estado de derecho que proclama la Constitución del país, ha provocado un retroceso de los derechos tan básicos de los y las nicaragüenses, como la libertad de expresión”.
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La destrucción de la democracia en Nicaragua “ha profundizado las crisis estructurales e históricas de muchos grupos vulnerables”, subraya el informe.
El organismo advierte además que en el 2023 la supresión de algunos derechos fundamentales como la libertad de asociación y religiosa, así como los derechos políticos y la autonomía municipal, «podría ser peor”.
Denuncia
CALIDH denunció a comienzos de noviembre pasado a la pareja dictatorial de Nicaragua y a varios funcionarios por delitos de lesa humanidad ante la justicia de Argentina. Entre esos funcionarios estan el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el subdirector policial, comisionado general Ramón Avellán; y los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro.
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