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Régimen sandinista sigue incrementando número de presos políticos

“Se identifica un nuevo patrón de incremento de detenciones y judicializaciones de familiares de presos políticos», indica el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el nuevo "Chipote", en Managua.
Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el nuevo "Chipote", en Managua.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementó el número de arrestos políticos entre el 1 de diciembre de 2022  y el 31 de enero de 2023, revela el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Los prisioneros políticos pasaron en ese periodo de 235 a 245, indica un informe. De los 245 presos, 30 son mujeres y 215 son varones.

«Es una actualización de la información de personas presas políticas quienes permanecen en cárceles en Nicaragua producto de la crisis sociopolítica iniciada desde abril 2018”, señala la organización.

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Reclusorios

Del total de prisioneros, 61 se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como cárcel «El Chipote», 16 en delegaciones municipales de la Policía, 12 en casa por cárcel y 146 en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional.

El número de prisioneros mayores de 60 años aumentó a 40, de acuerdo al listado constatado por la organización.

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Nuevo patrón

El informe revela además que “se identifica un nuevo patrón de incremento de detenciones y judicializaciones de familiares de personas presas políticas, por el hecho de exigir la libertad de sus seres queridos”.

“Tres familiares de personas presas políticas se encuentran en prisión”, agrega.

Método

El mecanismo indica que construyó el listado de prisioneros políticos con organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados defensores de los prisioneros, así como también con espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

El listado solamente incluye a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación, aclara el mecanismo.

Esto evidencia «que en Nicaragua existen personas privadas de libertad por razones políticas, y brinda información sobre las dramáticas condiciones carcelarias y las graves violaciones a los derechos humanos», señala en sus partes conclusivas el informe.

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