Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua denunciaron una nueva “táctica represiva” del gobierno de Daniel Ortega en contra de opositores, la cual consiste en la “pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos” por medio de una sentencia un juez. La medida, entre cosas, imposibilita de por vida que la persona ejerza cargos públicos de por vida.
Hasta ahora la medida se ha dictado en contra de unas 14 personas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una oenegé ilegalizada en 2018 en el país. Dentro de ellos se encuentra un líder campesino, crítico a Ortega, quien fue condenado a 10 años de prisión por los supuestos delitos de “conspiración” y de emitir “noticias falsas”, y posteriormente se le imputó a un grupo de religiosos que también fueron condenados por los mismos cargos.
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De acuerdo con el Cenidh, esta acción es “el último atropello” de la justicia nicaragüense ya que a su juicio se está violentando al mismo sistema judicial porque “está delinquiendo impunemente al estar contraviniendo lo que dicen las leyes”.
El abogado Yader Morazán, ex funcionario del Poder Judicial, dijo a la Voz de América que esta sanción no está establecida de manera taxativa en la Ley, por lo que indica que es “ilegal”.
“El derecho se sustenta en lo que llamamos principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que para que algo sea considerado una sanción tiene que estar previamente establecido en la ley de manera taxativa. Lo que no existe en la ley, no existe como pena y, por consiguiente, se estarían imponiendo penas de manera ilegal porque no existen”, comentó Morazán.
Por otro lado explicó que inhabilitar a alguien para ejercer cargos públicos se desprende de los delitos contra la administración pública de personas que hicieron abuso de su cargo y cometieron delitos que no es el caso.
La Fiscalía, quien ha solicitado las condenas contra los opositores, ha argumentado en la mayoría de los casos, que las personas detenidas y procesadas han intentado causar daños al Estado de Nicaragua y han emitido noticias falsas.
Uriel Pineda, un abogado experto en derecho constitucional, agrega a la VOA que esta medida de los jueces en Nicaragua «es violatoria del núcleo duro de los Derechos Humanos».
«Es decir, hay Derechos Humanos que deben ser protegidos en todo momento y en toda circunstancia, incluso en la Guerra», concluye. «Imponer una sanción que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, más que violatorio de los Derechos Humanos es la negación de los principios más elementales de civilidad».
Sostiene que «el régimen Ortega-Murillo» es consciente de ello y que lo que busca es mandar el mensaje a sus operadores y a los familiares de las personas presas políticas «de que ellos pueden hacer lo que les plazca ante la ineficacia de instancias internacionales».
Morazán por su lado comenta que cuando las penas “accesorias” les son impuestas imponen a personas “juzgadas”, estas no pueden tener mayor temporalidad que la principal porque no tienen ningún sentido jurídico.
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“El juez que impone esto estaría prevaricando porque estaría resolviendo en contra de Ley expresa ya que la Ley establece que las corresponden únicamente a las que establece el código penal y estas no pueden exceder a lo establecido en esa norma jurídica”, apunta.
Con esta nueva medida del sistema judicial de Nicaragua, los presos políticos que se les imponga esta sanción no podrán ejercer derechos civiles, como optar a un cargo público.
En ese sentido Pineda indica que imponer esta restricción viola la misma Constitución de Nicaragua, la cual incluso está sujeta a las restricciones generales de los Derechos Humanos. «Naturalmente suspenderlos sin que exista un base legal para ello, es abiertamente violatorio a los Derechos Humanos».
«Una persona que detenta el cargo de fiscal o juez, no puede alegar que desconoce que no se puede imponer una pena inexistente en el ordenamiento jurídico. Operan de manera consciente en la violación a Derechos Humanos y la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad», concluyó Pineda.
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