Condenan imposición de «muerte civil» a sacerdotes de Matagalpa

Incompatible con el derecho a la libertad de expresión. Así calificó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la sentencia de 10 años de cárcel contra seis sacerdotes y seminaristas y un laico de la Diócesis de Matagalpa, dictada por la jueza sandinista Nidia Camila Tardencilla, titular del del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua.

“Llamamos al Estado (de Nicaragua) a su pronta liberación y al respeto a quienes expresan opiniones en su contra. La crítica y el disenso no pueden ser delitos”, expresó el organismo.

En esa misma sintonía el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), condenó la imposición de la “pena infamante de inhabilitación perpetua de ejercicio de derechos ciudadanos o muerte civil en Nicaragua».

«La muerte civil recuerda momentos terribles durante el sistema inquisitivo aplicado por el Estado o la Colonia”, afirmó.

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En este sentido, advirtió a la comunidad internacional de que esta nueva modalidad no sólo violenta las garantías de justicia, sino los derechos ciudadanos, por no estar contemplada en la legislación nicaragüense. De modo que mostró su desconcierto por la práctica de ampliar sentencias a través de la muerte civil, ya que ninguna pena puede superar conjuntamente a la principal.

CALIDH condenó la distorsión sin precedentes de la ley penal en Nicaragua y el retroceso que implica la imposición de la muerte civil. Ante ello hacen el llamado urgente al Estado de Nicaragua a “abandonar estas prácticas y retomar el espíritu humanitario de la ley penal, liberando a todas las personas presas políticas”.

La sentencia dictada para los sacerdotes Sadiel Antonio Eugarrios, José Luis Díaz Cruz, Ramiro Tijerino Chávez y Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darwin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el reportero gráfico Sergio Cadena Flores, fue de 5 años por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, 5 año por propagación de noticias falsas y 800 días multa.