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España otorga la nacionalidad a otros ocho nicaragüenses apátridas

A la fecha, más de 80 nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Ortega en febrero pasado han recibido la nacionalidad española.

España otorga la nacionalidad a otros ocho nicaragüenses apátridas. Imagen: Nicaragua Investiga.
Algunos de los nicaragüenses nacionalizados españoles.

Ocho nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega, entre ellos periodistas, exdiplomáticos y activistas, recibieron la nacionalidad española por carta de naturaleza, según publica el Boletín Oficial del Estado de España este miércoles, cinco de julio.

Los beneficiaros son el defensor ambiental Amaru Ruiz Alemán, presidente de la cancelada Fundación del Río; el periodista Aníbal Enrique Toruño Jirón, director de Radio Darío; el exdiplomático Arturo McFields Yescas; el excarcelado político Carlos Raúl Valle Guerrero; el excanciller y excarcelado político Francisco Xavier Aguirre Sacasa; la periodista y exatrincherada de Jinotepe, Gema de María Serrano Morales; la periodista Jennyfer Tatiana Ortiz Castillo, directora de Nicaragua Investiga; y el jurista y excarcelado político José Bernard Pallais Arana. 

Con esta disposición, España le ha concedido la condición a un total de 83 nicaragüenses despojados de su nacionalidad en febrero pasado.

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Esta es la quinta ocasión que el gobierno de Pedro Sánchez otorga el beneficio a los perseguidos políticos de la dictadura nicaragüense. México, Colombia, Chile y Argentina también han ofrecido el derecho a los más de 300 nicaragüenses afectados.

El pasado 9 de febrero el régimen de Daniel Ortega desterró y desnacionalizó a 222 personas presas por razones políticas, más tarde, el 15 de febrero, desnacionalizó a otras 94, a las cuales declaró «traidores a la patria» y prófugas de la justicia y ordenó la confiscación de sus bienes.

El 9 de junio pasado, el régimen de Ortega también ordenó expropiar a los 222 excarcelados y desterrados políticos. «Lo anterior es para responder por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social«, justificó el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).

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Nicaragua Investiga
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