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CIDH pide a la dictadura de Daniel Ortega que no persiga más a la iglesia

La petición se produce a raíz de la detención del padre Osman José Amador, el octavo sacerdote encarcelado en las mazmorras del régimen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al régimen de Daniel Ortega que no siga dañando más la libertad religiosa en Nicaragua, que deje de perseguir a la iglesia católica nicaragüense y que libere a los presos políticos que aun permanecen en las mazmorras de la dictadura.

La petición de la CIDH, realizada este viernes 15 de septiembre mediante un comunicado de prensa, se produce a raíz de la última detención de un sacerdote católico, ocurrida el pasado 8 de septiembre, cuando fue capturado el padre Osman José Amador, integrante de la Diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas Estelí, quien fue arrestado mediante el uso de la fuerza por agentes del Estado y todavía se desconoce la causa, la situación jurídica del religioso ni su paradero.

La reclusión del padre Amador eleva a ocho el número de sacerdotes que permanecen privados de libertad en las cárceles orteguistas, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, de quien se sabe está en una celda conocida como El Infiernillo, en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo.

Otros curas encarcelados son Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, bajo investigación por su trabajo en Cáritas Estelí.

“Desde el 2022, la CIDH viene advirtiendo que la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático. Existen hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes”, reza parte de la proclama.

La CIDH llama a actuar contra «la represión» en Nicaragua

El congelamiento de las cuentas

La notificación menciona que, en el mes de mayo pasado, el régimen ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la iglesia católica por presuntos hechos ilícitos vinculados con lavado de activos y “traición a la patria”.

La CIDH recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

La declaración agrega que “un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación”, especialmente en un país donde la mayoría de la población es católica y donde la política estatal para la supresión del espacio cívico ha resultado también en la afectación de la libertad religiosa de su población.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia, finaliza explicando el comunicado.

ADF International presenta una petición ante la CIDH por monseñor Álvarez

Más de 500 agresiones

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetrado al menos 529 ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua, incluido el destierro y expulsión de unos 38 líderes religiosos, en los últimos cinco años, según el más reciente informe de la investigadora Martha Patricia Molina.

El documento «Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?», presentado el miércoles 3 de mayo, alertó que el 2023 sería otro “año nefasto” para la comunidad católica nicaragüense, “igual o peor” que el 2022.

De acuerdo al informe, de abril a diciembre de 2018, se documentaron 84 hostilidades; en 2019 se perpetraron 80 hostilidades; en 2020, 59 agresiones y en 2021, 55 hostilidades.

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