El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, llegará a Nicaragua en enero del próximo año para establecer la agenda de trabajo con la que ambas partes darían cumplimiento a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras años de litigio marítimo entre ambas naciones.
El encuentro se llevará a cabo el próximo 29 de enero, según lo acordado entre Leyva y el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello Gómez, en una conversación telefónica que sostuvieron el pasado 10 de noviembre en París.
En la misma acordaron que en la última semana de enero se instalarán las comisiones de trabajo para avanzar en lo relativo a acuerdos en materia de pesca para la población de la zona, en particular del pueblo raizal.
Así como en materia de asuntos ambientales y conservación de la biodiversidad «a través del mecanismo idóneo que definan las partes para la demarcación de las áreas indicadas por la Corte»; y en asuntos de seguridad fronteriza, informó el Ministerio de Exteriores de Colombia este martes 5 de diciembre.
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Entre los «insumos estratégicos» que Colombia llevará ante las autoridades nicaragüenses, una vez instaladas las comisiones de trabajo, se encuentra la demanda de las asociaciones de pescadores artesanales de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Afirma que un equipo de trabajo de la Cancillería colombiana visitó el Archipiélago durante los días 4 y 5 de diciembre «para iniciar un espacio técnico y prospectivo» con los pescadores. Esto con el propósito de «realizar una cartografía social que identifique los lugares más relevantes, así como las prácticas y distintos componentes de su actividad».
Una década de litigio marítimo
En 2012, Colombia perdió ante Nicaragua casi 75 mil kilómetros cuadrados de mar, con el que el país centroamericano se benefició de algunos yacimientos submarinos de petróleo y gas, y obtuvo derechos de pesca.
En 2013, Nicaragua presentó una querella por incumplimiento de la sentencia de parte del país sudamericano. Colombia contrademandó en dos ocasiones argumentado que Nicaragua violaba los derechos de pesca de los habitantes del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
En abril de 2022, la CIJ falló que Colombia había violado la jurisdicción de Nicaragua en su zona económicamente exclusiva. Y en 2023, el organismo le negó al país centroamericano extender su plataforma continental.
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