Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ignora cualquier llamado de la comunidad internacional en materia de estado de derecho, libertades y democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa emitiendo resoluciones.
En esta ocasión el organismo regional dio a conocer que otorgó medidas cautelares a favor de los presos políticos nicaragüenses Eddy Antonio Castillo Muñoz, Nelly Griselda López García y Juan Carlos Baquedano.
La CIDH considera que los tres «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
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«Según la parte solicitante, las personas beneficiarias, quienes son identificadas o percibidas como opositoras políticas al actual gobierno nicaragüense, se encontrarían privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios en condiciones inadecuadas de detención, sin recibir la atención medica necesaria para tratar sus padecimientos y siendo objeto de agresiones. Por su parte, el Estado no proporcionó información que permita determinar que los factores de riesgo identificados se hayan mitigado debidamente», indica una nota de presa.
Como en otros casos, la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que adope las medidas pertinentes para «proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud» tanto de Castillo Muñoz, López García y Baquedano.
De la misma forma pide que tome medidas «para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia».
En este punto, advierte que «el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables».
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