Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su canciller Denis Moncada Colindres, le recordaron a los Estados Unidos que tienen una «obligación de indemnizar» a Nicaragua, «una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que no ha sido saldada».
Un recordatorio que se produce a propósito de que se cumplen 40 años desde que, el 9 de abril de 1984, el entonces régimen sandinista de los años ochenta del siglo pasado demandó, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al país norteamericano por financiar a los contras, que por entonces eran un ejército irregular que buscaba derrocar a los sandinistas.
«Es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional», dice la nota de la cancillería nicaragüense, firmada por Moncada Colindres.
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La causa de la demanda
Entre 1983 y 1984, los contras, apoyados por la Central de Inteligencia Americana (CIA) de los Estados Unidos, atacaron objetivos económicos para minar la economía del gobierno sandinista de la época. Por ejemplo, uno de esos ataques fue incendiar unos tanques en el puerto de Corinto que contenían material inflamable.
Como los sandinistas vieron que Reagan buscaban más dinero en el Congreso de Estados Unidos para ayudar a los contras, decidieron demandarlos en La Haya.
La demanda fue presentada por Nicaragua el 9 de abril de 1984 y en noviembre de ese mismo año la Corte decidió que sí tenía jurisdicción para conocer del caso. Después de fracasar en que la Corte se declarara competente, los Estados Unidos manifestaron que no participarían más en el proceso.
La nota de la cancillería explica que, el 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia emitió sentencia condenando a los Estados Unidos a «indemnizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua».
No hubo monto de indemnización
Sin embargo, el alto tribunal no estableció un monto de indemnización, sino que ordenó que ambos países debían acordar sobre la forma y monto de la indemnización.
Solamente si no llegaban a un acuerdo, la Corte iba a resolver ese asunto, pero en un procedimiento subsiguiente.
Dos años después de la sentencia, el 29 de marzo de 1988, Nicaragua presentó ante la Corte una memoria de compensación en la que se detallaron los daños y perjuicios ocasionados, fijándose al mismo tiempo el monto de la indemnización reclamada.
Sin embargo, la Corte no pudo pronunciarse sobre la cantidad exigida por los sandinistas, que esta vez fue de algo más de 12 mil millones de dólares.
Esos 12 mil millones de dólares los sandinistas los convirtieron después en 17 mil millones de dólares, en su petición, debido a que Estados Unidos no dejó de financiar a la contra y consideraron el monto de la indemnización debía aumentar porque hubo nuevos perjuicios.
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Nicaragua perdonó la deuda
Tras la derrota electoral de los sandinistas en 1990, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro se vio obligado a, el 12 de septiembre de 1991, renunciar al derecho a ser indemnizados y no continuó con el proceso contra Estados Unidos, ya que necesitaba de la ayuda económica que ese país norteamericano, pues los sandinistas habían dejado en bancarrota las finanzas de Nicaragua.
Tras regresar al poder, en 2007, Daniel Ortega ha revivido esa deuda en varias ocasiones, lo hizo desde 2011, pero especialmente desde 2018, cuando los Estados Unidos han dictado sanciones económicas contra algunos personeros de la dictadura Ortega Murillo.
«Es en este contexto, en el que Nicaragua nuevamente ha sido víctima de agresiones, ahora llamadas eufemísticamente sanciones, y víctima de un intento de golpe de estado, que el pueblo de Nicaragua recuerda las difíciles condiciones bajos las cuales interpuso esta demanda histórica ante la Corte Internacional de Justicia», dice la nota firmada por Moncada Colindres.
La nota termina diciendo que Estados Unidos debe pagar esa indemnización.
«Nicaragua retoma esta oportunidad para recordar que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento, y por lo tanto los Estados Unidos tienen la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por la sentencia del 27 de Junio de 1986», indica el escrito.
