Mientras el discurso oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó el pomposo «Plan todos contra la corrupción» para justificar una violenta y masiva purga interna dentro de las instituciones del Estado, las herramientas técnicas reales para prevenir el enriquecimiento ilícito quedaron completamente desmanteladas.
El Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2025, presentado formalmente en marzo de 2026, destapa la enorme contradicción entre la propaganda y la realidad: la Contraloría General de la República (CGR) dejó caer la revisión y verificación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos a un mínimo histórico del 6.3%.
El documento de rendición de cuentas emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público revela que, de un total de 2,800 auditorías e investigaciones de patrimonio que la institución tenía programadas para el año 2025, el ente fiscalizador apenas logró completar 528 informes.
Este apagón en la fiscalización de los bienes personales de los funcionarios ocurre en el mismo período en que el gasto total devengado por el Estado nicaragüense alcanzó la gigantesca cifra de C$151,685.2 millones de córdobas, incrementando notablemente los flujos de dinero público expuestos al manejo discrecional, y demostrando que la supuesta cruzada contra la corrupción fue solo una estrategia de control político territorial.
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Tampoco fiscalizaron a instituciones
Durante todo el año 2025, las notas de prensa de los medios oficiales repitieron el lema de que el «Plan todos contra la corrupción» caería con todo el peso de la ley sobre cualquier servidor público sospechoso. Sin embargo, en la práctica, casi la totalidad de los funcionarios operó sin que nadie auditara si sus casas, vehículos o cuentas bancarias coincidían con sus salarios declarados.
En el programa de Fiscalización y Control Externo Gubernamental, la Contraloría también mostró un cumplimiento deficiente para las municipalidades e instituciones públicas. De las auditorías financieras y de cumplimiento que debían ejecutarse específicamente durante el ejercicio presupuestario 2025, la institución apenas cumplió con el 62.0% de la meta, completando solo 31 de las 50 planeadas.
Una institución de “pantalla”
¿A qué se dedicó entonces la Contraloría mientras el régimen descabezaba ministerios y aplicaba despidos masivos bajo la justificación de la transparencia? Los datos duros del informe presupuestario dan una respuesta clara: a la propaganda institucional y al activismo.
Mientras los indicadores de control real están en el suelo, el rubro de «Difusión de los principales resultados del trabajo de la CGR» registró un sobrecumplimiento del 155.8%, alcanzando las 3,116 publicaciones impresas y digitales en el año.
Asimismo, el programa destinado a capacitar a servidores públicos en el marco normativo del control se elevó al 145.1%, capacitando a más de 12,300 funcionarios. El cuestionamiento aquí es ¿capacitarlos para qué? cuando sus mismos números dejan claro que no hacen un trabajo efectivo.
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