Luego de que el jueves se dio a conocer un informe que señala que la ola de confiscaciones empredidas por el régimen de Daniel Ortega desde el 2018 asciende ya a por lo menos 250 millones de dólares, la Procuraduría General de la República emitió este viernes un comunicado defendiendo lo que los opositores llaman la «nueva piñata sandinista».
La Procuraduría, que es la representante legal del Estado, afirma que en Nicaragua se respeta la propiedad privada, pese a que está debidamente documentado el despojo de bienes a personas jurídicas y naturales o a sus familiares, violentando así lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes.
En este sentido, defiende el robo de propiedades efectuado por la dictadura, argumentando que estas «han sido transferidas» al Estado, «derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero, por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragiienses; así como de resoluciones que en sede administrativa, se emitieron, por incumplimiento a la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro».
Confiscaciones de Ortega están generando millonaria deuda pública a Nicaragua
«En otras situaciones, lo que ha prevalecido es la restitución del Estado, sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente, mediante subterfugios legales», expresa.
La Procuraduría asegura que los bienes que la dictadura ha confiscado se están usando para programas que supuestamente benefician al «pueblo».
«Con pleno ejercicio de su soberanía, el Estado de Nicaragua, restituyó los bienes anteriores a favor del pueblo nicaragiense, por ser los más afectados por las acciones delictivas y de incumplimiento de algunas personas naturales o jurídicas que trasgredieron las normas internas del país», afirma.
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