Dereck José Gómez Tijerino acababa de cumplir 22 años cuando fue asesinado a inicios de enero de este año por Kevin José González Matamoros, un hombre que había sido excarcelado bajo el llamado beneficio de «convivencia familiar» otorgado por el gobierno de Daniel Ortega en el año 2022.
Al momento de la detención, las autoridades dijeron que el hombre tenía antecedentes delictivos, pero no mencionaron cómo quedó libre.
Un caso similar ocurrió a finales de diciembre de 2022, cuando un hombre excarcelado asesinó a su hermana a cuchilladas sólo ocho días después de haber salido de prisión.
Casos como estos se han repetido constantemente en Nicaragua luego de que las autoridades iniciaron la excarcelación de reos comunes en este país centroamericano sin que, según expertos en derechos humanos y sociólogos, se brinden programas adecuados para su reinserción a la sociedad.
El sociólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval, explica que el hecho de que Daniel Ortega en Nicaragua encarcele por un lado a sus críticos y libere a reos comunes, «es una suerte de populismo autoritario que encuentra distintas versiones».
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Por un lado, según los críticos, se busca apoyo masivo y populista de personas excarceladas; mientras que del otro, un ferro control.
Eliseo Núñez, secretario ejecutivo y miembro del Directorio Político de la Concertación Democrática Nicaragüense, conocido como Monteverde, menciona que si no hay un proceso de reincorporación y rehabilitación no se debería excarcelar «a nadie».
«Nuestra sociedad no mira a la cárcel como un área de rehabilitación, sino un área de venganza. Te mandan a la cárcel y la sociedad se siente vengada de lo que hizo la persona en la cárcel. Y el otro extremo es que es de liberarlos, lo ideal es rehabilitar, que no lo veas como venganza o liberes a delincuentes», dice Núñez.
«Ortega busca hacer lo de Putin hace en Rusia. Excarcela para mandarlos a la guerra, en Nicaragua se sacan presos para respaldar su posición política», menciona Núñez.
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Desde 2018 en que surgió la crisis política en Nicaragua hasta julio de 2024, el gobierno de Daniel Ortega ha excarcelado a más de 38.000 reos comunes, según recopilación que hicieron medios locales de datos sacados de los anuncios del Ministerio de Gobernación.
La vicepresidente Rosario Murillo ha justificado la excarcelación de reos comunes y ha arengado contra los críticos de sus medidas diciendo que las acciones buscan «reconocer los derechos de los humildes».
«Ya me imagino los titulares de los periodicuchos, porque esos personajes de pasquín no reconocen los derechos de los humildes. Ah no, porque son humildes, entonces no tienen derechos. Sólo tienen derechos las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos, de su ejército de forajidos», dijo Murillo el 10 de julio de 2024 al justificar la excarcelación de reos comunes.
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De acuerdo con Núñez, otro factor que hay que tomar en cuenta es que la cárcel tienen que ser más humanas en Nicaragua con contenidos educativos de trabajo mucho mayores y definitivamente las penas no deberían de pasar de 30 años.
«Esto que hizo Ortega de las penas de cadena perpetua no calza (con un modelo rehabilitativo). Es muy popular porque la gente lo ve bien, pero no calza con las características que se la ha dado a nuestro derecho penal desde 1976, que es que reformante, no vengativo», concluyó Núñez.
La cadena perpetua se estableció en Nicaragua tras una serie de reformas constituciones y entró en vigencia en enero de 2021.
Anteriormente en Nicaragua la pena máxima era de 30 años de prisión para cualquier delito o la suma de condenas.
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