El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entrado en una nueva fase de usufructo de la represión en Nicaragua. Tras las masivas olas de confiscaciones de bienes inmuebles ejecutadas contra opositores, periodistas y desterrados políticos desde el año 2018, la pareja ahora utiliza este millonario patrimonio robado para generar recursos económicos propios y pagar favores políticos a sus allegados.
De acuerdo con una reciente y reveladora investigación periodística del medio digital Divergentes, las propiedades confiscadas están siendo colocadas en el mercado inmobiliario informal, ofertadas en plataformas de comercio electrónico como Encuentra24, arrendadas a particulares e, incluso, obsequiadas a figuras públicas leales al sandinismo, violando flagrantemente las leyes del país.
El «pago» a Román «Chocolatito» González
Uno de los hallazgos más prominentes de la investigación de Divergentes, confirmado a ese medio por varias fuentes de las filas sandinistas, es el traspaso de una propiedad exclusiva en la zona de Villa Fontana, en Managua. La vivienda, que pertenecía al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y antiguo aliado del régimen, Rafael Solís, fue entregada por la pareja dictatorial al boxeador y campeón mundial nicaragüense Román «El Chocolatito» González, aparentemente en pago por los favores recibidos tras utilizar constante propaganda del FSLN en sus diferentes peleas y acompañar diferentes actividades partidarias.
Según el medio, en la residencia confiscada habita actualmente una pareja de ciudadanos asiáticos. No obstante, las fuentes no han podido precisar si se encuentran bajo régimen de alquiler o si la ocupan por cesión directa del pugilista.
Al parecer, el «Chocolatito» González intentó gestionar un préstamo bancario con el fin de realizar mejoras sustanciales en la infraestructura de la propiedad. Sin embargo, las entidades financieras de Nicaragua le negaron rotundamente el crédito al descubrir, mediante la debida diligencia legal, que el inmueble es una propiedad confiscada y, por ende, carece de seguridad jurídica e historial limpio.
La casa de la madre de Rafael Solís, también fue «regalada»
Inmediatamente al lado de la vivienda entregada al «Chocolatito», se ubica la residencia que perteneció a Rafaela Cerda, madre del exmagistrado Rafael Solís. Según la investigación, esta propiedad fue otorgada por la dictadura a Walter Castillo Sandino, un personaje promovido por el aparato oficialista como nieto del general Augusto C. Sandino para legitimación simbólica del partido.
En este inmueble confiscado se ha establecido un negocio privado: el restaurante «El Parrillaje», el cual es operado directamente por la hija de Castillo Sandino.
Así, la pareja Ortega Murillo, quien pidió hace varias décadas a Solís ser su padrino de bodas, da su último golpe de gracia al despojarlo a él y a su madre de sus lujosas viviendas.
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