En un paso decisivo hacia la consolidación de un régimen de partido único y la perpetuación indefinida en el poder, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control absoluto del oficialismo, formalizó este martes la creación de una comisión especial de carácter constitucional.

La misión asignada a este grupo de parlamentarios es dirigir el proceso de reformas a la Carta Magna y a las leyes electorales para proscribir de manera definitiva a cualquier fuerza opositora.

Sin embargo, en medio del paquete de justificaciones presentado por el Ejecutivo, emergió el elemento de mayor impacto para el futuro político del país: la propuesta de extender los períodos de gobierno a siete años renovables, sentando las bases legales para un poder vitalicio bajo la retórica del «Pueblo Presidente».

No se especificó en la iniciativa de reforma, bajo qué parámetros sería esa «renovación» de período.

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La comisión encargada de confeccionar este nuevo marco legal está integrada por doce diputados alineados al régimen y es presidida por el titular del parlamento, Gustavo Porras. En la lista figuran rostros afines como Arling Patricia Alonso, Amada Pineda, María Hayde Osuna, Raquel Dixón, Wilfredo Navarro, Alejandro Mejía, Edwin Castro, Lestjer Flores, Mario Asensio, María Auxiliadora Martínez y Wálmaro Gutiérrez. Durante la sesión de apertura, la diputada Raquel Dixón dejó claro que el objetivo inmediato del equipo es proceder al estudio, consulta y dictamen de la iniciativa de reforma parcial a la Constitución y las leyes constitucionales complementarias.

Piden continuidad en el «mediano y largo plazo»

Para justificar la anulación de la competencia democrática, Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrieron en su exposición de motivos a una narrativa basada en las amenazas externas y el contexto geopolítico actual.

En el texto leído por Porras, la pareja dictatorial argumentó que el mundo atraviesa un periodo convulso por guerras, proliferación de noticias falsas y la erosión del respeto al derecho internacional. A esto sumaron la denuncia contra la imposición de sanciones económicas internacionales, asegurando que para defender la soberanía del país y mantener la lucha contra la pobreza es imprescindible garantizar la continuidad de su modelo político a mediano y largo plazo.

«Nos corresponde resguardar, seguir resguardando en Nicaragua la seguridad, tranquilidad y paz que hemos venido cuidando y que priorizamos para continuar librando las batallas contra la pobreza, la miseria y las batallas de la conflictividad y el odio”, indica parte del documento.

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La conformación de esta comisión especial parece ser solo el primer paso de un proceso en el que se irán incorporando modificaciones más severas conforme avancen los debates internos. Se anticipa que el dictamen final de la reforma esté listo hacia finales del mes de agosto, fecha en la que el plenario de la Asamblea procedería a ratificar los cambios constitucionales que clausurarán, de manera formal e institucional, cualquier vestigio de democracia en Nicaragua.

*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.