En un trámite express y sin sorpresas, la cúpula de la Policía Nacional —encabezada por el sancionado primer comisionado Francisco Díaz— acudió este jueves 30 de julio a la Asamblea Nacional para respaldar la iniciativa de reforma a la Constitución Política impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sus consuegros.
El encuentro, presentado por el oficialismo como un proceso de «consulta democratica», estuvo presidido por el titular del Parlamento y operador político del régimen, Gustavo Porras.
Durante su intervención, Díaz calificó de «alto honor» la invitación al Parlamento dominado por el sandinismo y ratificó que el cuerpo policial continuará actuando bajo los principios de «lealtad, obediencia y disciplina» en «estricto cumplimiento» de las órdenes emitidas por la Jefatura Suprema, ejercida directamente por la pareja presidencial.
Retórica de la «seguridad» para justificar el control institucional
Fiel al discurso oficial, el jefe policial justificó el actuar de la institución bajo la narrativa de garantizar «la paz, la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las familias», al tiempo que citó el Artículo 1 de la Carta Magna sobre la soberanía y la «no injerencia extranjera».
Ayer, salió a luz que la reforma incluye un puesto por siete años renovables también para Díaz y para el jefe del Ejército, Julio César Avilés. Un sello del régimen al pacto de complicidad y protección mutua en este intento de perpetuarse indefinidamente en el poder. Porras de hecho dijo que este vínculo con las fuerzas policiales es un «acto de cohesión».
La participación de la policía en este proceso subraya la subordinación absoluta de los cuerpos armados a los intereses de la familia gobernante, consolidando un marco legal a la medida del régimen que busca blindar el poder político y justificar la persecución a la oposición y voces críticas bajo el argumento de la «defensa de la paz».
El enigma de la «renovación»: La trampa oculta en la reforma constitucional de Ortega y Murillo
Un proceso sin oposición ni debate
El proceso de reforma constitucional avanza a ritmo acelerado en el Legislativo sin la participación de sectores independientes, la sociedad civil o la oposición, cuyos liderazgos se encuentran en el exilio, despojados de su nacionalidad o ilegalizados dentro del país.
Con la venia de los mandos policiales, la Asamblea Nacional se encamina a aprobar a totalidad las modificaciones constitucionales, consolidando el diseño institucional de una estructura de Estado donde las fuerzas del orden responden de manera directa y sin contrapesos a la presidencia.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Nicaragua Investiga
