Organizaciones de derechos humanos denunciaron este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que 16 personas nicaragüenses con medidas provisionales continúan privadas de libertad por motivos políticos. Siete de ellas permanecen en situación de desaparición forzada.
La denuncia se presentó durante una audiencia de supervisión de los casos “Juan Sebastián Chamorro y otros” y “cuatro indígenas mayangna privados de libertad”. Según las entidades participantes, el Estado de Nicaragua mantiene un incumplimiento sistemático de las órdenes del tribunal.
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La Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos en las que exige la liberación inmediata de las personas beneficiarias y la protección de su vida, integridad y libertad. Ninguna de esas liberaciones se ha concretado.
Al menos dos personas amparadas por estas medidas han fallecido bajo custodia estatal. Las organizaciones también alertaron sobre la muerte de cuatro presos políticos en los últimos doce meses, la más reciente la del líder indígena Brooklyn Rivera.
Participaron en la audiencia el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Asociación Memoria y Justicia, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no envió representantes.
Los denunciantes describieron condiciones carcelarias que consideran incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas sin ventilación, presencia de plagas, iluminación constante, falta de agua potable y alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento total del contacto con familiares y abogados. Estas condiciones afectan de manera particular a personas mayores con enfermedades crónicas.
Ordenan nuevamente la liberación inmediata
En su intervención, las organizaciones solicitaron a la Corte mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar de nuevo la liberación inmediata de las 16 personas —incluidas aquellas que ya cumplieron las condenas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete—, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua se encuentra en desacato.
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También pidieron que se inste al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana a adoptar medidas para lograr el cumplimiento de las resoluciones del tribunal.
En la audiencia intervinieron además Rosa María Payá, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre el país.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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