La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (CMDH) demandó con firmeza al Gobierno de México que detenga el uso de la política exterior de su país como un «escudo» diplomático a favor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La organización defensora de derechos humanos exhortó a las autoridades mexicanas a «no obstaculizar las medidas diplomáticas, jurídicas y económicas que acuerde la Reunión de Cancilleres de la OEA contra los codictadores nicaragüenses».
El pronunciamiento del organismo surge tras la reciente abstención del Gobierno mexicano durante la votación en el Consejo Permanente de la OEA que convocó con urgencia a los cancilleres del hemisferio para abordar la crisis de Nicaragua. En esa sesión, la representación diplomática de México justificó su voto invocando los principios de «soberanía, la autodeterminación y la no intervención», sosteniendo además que la crisis de Nicaragua «no constituye una amenaza para la paz o la seguridad hemisférica».
Alta complicidad e inmoralidad
Para la CMDH, la postura asumida por el Ejecutivo mexicano es «incompleta y moralmente insostenible». El organismo enfatizó de forma contundente: «La no intervención no puede convertirse en una coartada para la indiferencia, y mucho menos en un instrumento para ser cómplice de quienes han destruido el orden democrático, perseguido a sus opositores y cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», indica el pronunciamiento.
La organización remarcó además que la diplomacia mexicana incurre en una lectura parcial de sus propios mandatos constitucionales. El artículo 89, fracción X, de la Constitución de México mandata que el Ejecutivo observe la no intervención, pero exige a la vez «el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos». Al respecto, la CMDH advirtió que «el Gobierno no puede invocar uno de estos principios para anular deliberadamente el otro».
No es un asunto interno
En su análisis, la CMDH recordó que la situación sociopolítica de Nicaragua no es «un simple asunto político interno». La entidad citó los hallazgos del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, señalando que los gobernantes nicaragüenses «son responsables de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas, algunas constitutivas de crímenes de lesa humanidad», entre las que destacan asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, deportaciones y persecución política que se extiende incluso contra personas en el exilio.
Ante este escenario, la CMDH urgió a la Cancillería mexicana a participar «de buena fe en la Reunión de Consulta y abstenerse de bloquear, diluir o retrasar las resoluciones dirigidas a ejercer presión efectiva sobre la dictadura Ortega-Murillo». Asimismo, solicitó respaldar «medidas diplomáticas, políticas, jurídicas y económicas individualizadas contra los responsables de la represión, evitando afectaciones indiscriminadas contra el pueblo nicaragüense», tales como sanciones selectivas, restricciones de viaje y el congelamiento de activos.
Finalmente, la organización puntualizó que estas acciones «no son medidas de guerra ni actos de intervención armada», sino «instrumentos pacíficos y legítimos de protección de los derechos humanos». La CMDH instó al Estado mexicano a definir su postura histórica: «México debe decidir si estará del lado de las víctimas y de los demócratas nicaragüenses o si continuará utilizando una interpretación selectiva de la no intervención para ofrecer cobertura política a dos codictadores señalados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad», recordando que «la soberanía pertenece a los pueblos, no a quienes los encarcelan, expulsan y despojan de sus derechos».
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Nicaragua Investiga
