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Dictadura Ortega-Murillo cancelará otras 25 oenegés

Estas 20 ONG’s próximas a ser canceladas se sumarán a las 218 que, hasta la fecha, se les había sido cancelado su personería jurídica, dando así una suma de 243.

El régimen de Daniel Ortega cancelará la personaría jurídica de otras 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), en lo que ha sido una arremetida contra las organizaciones de la sociedad civil, donde se han cancelado al menos 243 onenegés en lo que va del año 2022, según constató Nicaragua Investiga.

Entre las ONG’s próximas a ser canceladas se encuentran la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, el Centro para Participación Democrática y Desarrollo, la Fundación de Desarrollo Habitacional Ambientalista de Bajo Costa Bambú, Palma y Adobe en Nicaragua (FUNBAMBU NICARAGUA), la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en las Pandillas y la Fundación Nueva Esperanza y Vida (FNEV).

Estas oenegés se suman a las canceladas el pasado cuatro de mayo, entre las que se encuentran la Fundación Diez, el colectivo feminista La Corriente, la Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), la Fundación «Grupo Fundemos» y Fundación Poetas Organizados en un Espacio Social, Intelectual y Artístico (FUNDACION POESIA).

Critican a Xiomara Castro y a Bukele por abstenerse de votar contra Ortega en la OEA

El fundamento legal de las cancelaciones

A todas las organizaciones no gubernamentales, que han sido canceladas desde la insurrección de abril y las protestas antigubernamentales, el régimen de Daniel Ortega las ha acusado de incumplimientos a la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Ley sobre Personerías Jurídicas Sin Fines de Lucro y la Ley Orgánica de la República de Nicaragua.

A su vez, a estas ONG’s se les acusa de no haber presentado sus informes financieros, los datos y registros de sus proveedores, y no ofrecer los desgloces financieros que la ley establece .

Las oenegés que han sido y están próximas a ser canceladas, han denunciado que el Gobierno de Ortega ha colocado trabas para el buen cumplimiento de las normas establecidas por la ley, asegurando que en ocasiones no recibían informes y tampoco documentación exigida por la dictadura.

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