Las detenciones de opositores, el cierre masivo de medios de comunicación y los ataques a la Iglesia Católica por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega están ocurriendo “bajo impunidad total”, de acuerdo a observadores consultados por la Voz de América.
Expertos sostienen que el mandatario estaría incentivando “para que gobernantes con esas tendencias autoritarias” puedan seguir adoptando medidas destinadas a erosionar el Estado de derecho y a controlar las instituciones.
El exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas y periodista Eduardo Ulibarri ha dicho que “una de esas muestras de impunidad” data de cuando fue elegido unánimemente el candidato propuesto por Ortega, Werner Vargas, como secretario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
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“Cuando desde otros gobiernos que tienen distintas tendencias autoritarias o de irrespeto al Estado de derecho se percibe que el principal violador de las normas democráticas, el principal violador de los derechos humanos, de la alternabilidad del poder, de las libertades individuales, de la independencia de las organizaciones civiles, está impune, hay un incentivo”, afirma Ulibarri.
El exdiplomático reconoce que Nicaragua vive un momento “desalentador”, al tiempo que admite que «no sorprende para nada».
«Es parte de una escalada dictatorial y de un proceso de aislamiento que Ortega ha venido aplicando en Nicaragua sobre todo desde abril de 2018 tras las grandes protestas”, afirma.
El presidente Daniel Ortega por su parte ha justificado las detenciones de opositores alegando que los detenidos son «golpistas», entre ellos sacerdotes, a los que culpa de supuestamente haber intentado un golpe de Estado durante las protestas de 2018.
Ortega también se ha defendido de las críticas de la comunidad internacional y el Vaticano, y ha catalogado de «hipócritas» a quienes han pedido restaurar la democracia.
«¿Quién elige a los curas, a los obispos? ¿Quién elige al papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da?», dijo Ortega en un discurso público durante un acto por el 43 aniversario de la Policía Nacional.
Ortega también acusó a la Iglesia Católica de haber utilizado «a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado».
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Papel de la comunidad internacional
En opinión de Ulibarri, la comunidad internacional “no parece estar en un curso de confrontación con Ortega”.
«Hay todavía una gran complacencia, o por lo menos una falta de censura más allá de las censuras políticas y verbales, y que puedan tener realmente un efecto material sobre la situación en Nicaragua”, afirma.
“Mi percepción es que, mientras este tipo de acciones, de sanciones más drásticas en contra del régimen, que incluso llegan a tocar su capacidad de comerciar con algunos socios importantes como el mismo Estados Unidos, no se tomen, probablemente Ortega va a mantener ese curso y lo que es peor, cada vez va a tener mayor represión dentro de Nicaragua”.
Sanciones se prolongan, pero con pocos resultados
Este jueves la Unión Europea prorrogó por un año, las sanciones contra el «régimen» de Nicaragua, y su círculo cercano.
Pero analistas y centros de pensamientos, indican que las sanciones actuales han tenido poco efecto y deben escalar más. De hecho, recientemente el gobierno de Ortega expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, tras acusarla de injerencista y fue declarada “non grata”.
De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Estados Unidos debe aumentar la presión contra la administración del presidente Daniel Ortega y recomienda sanciones “a entidades de alto impacto” como el Ejército de Nicaragua.
“El tiempo de las sanciones individuales probablemente ya pasó; son inadecuados en relación con la dramática consolidación autoritaria que se vive en el país”, asegura el centro de pensamiento con sede en Washington y recapitula las últimas acciones del presidente Daniel Ortega, como la reelección “ilegítima en 2021”, así como los ataques contra la Iglesia católica, y la persecución a la sociedad civil.
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“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), debería congelar cualquier activo militar o del régimen de Ortega en bancos estadounidenses o invertido en el mercado de valores estadounidense”, sugiere CSIS.
De igual forma afirma que Nicaragua debe salir de la Lista de Vigilancia Especial de Estados Unidos, para designarlo como un“país de preocupación particular” como resultado de las “violaciones de derechos humanos”.
De acuerdo con el exdiplomático cubano Guillermo Belt, la comunidad internacional debe tomar acciones legítimamente de acuerdo con el derecho internacional y que no se están tomando, «y que va mucho más allá de simples declaraciones y condenas».
«Yo creo que es momento de que la comunidad internacional actúe y una de las medidas que están al alcance de la comunidad internacional son medidas de carácter económico, lo que generalmente se llaman sanciones, para de alguna manera ver si la dictadura en Nicaragua reacciona ante estos abusos que está cometiendo y deja de cometerlos», concluyó Belt en entrevista con la VOA.
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