Los "consultados" por los diputados demandaron "justicia" en el caso de los religiosos que, según ellos, apoyaron las protestas antigubernamentales del 2018.
Periodistas independientes han calificado las normativas como "ley mordaza" y Human Rights Watch lo ha calificado como un "ataque a la libertad de expresión".
El régimen Ortega las ha acusado de no reportar sus estados financieros y de estar supuestamente acéfalas, sin embargo, muchas han negado los señalamientos.