Organismos internacionales de derechos humanos advirtieron que esta nueva modalidad no sólo violenta las garantías de justicia, sino también los derechos ciudadanos.
Los religiosos allegados a monseñor Álvarez fueron acusados de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Julia Cristina Hernández, otra opositora en las cárceles de los Ortega-Murillo, cumplió dos. Las opositoras fueron condenadas a más de 10 años de prisión.