A partir del 28 de mayo de 2021, Daniel Ortega desató una campaña de arrestos políticos contra dirigentes opositores, activistas y el empresariado, comenzando con el arresto de personal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que decidió cesar operaciones en febrero de 2021.
Los extrabajadores de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, fueron condenados a trece años de cárcel cada uno en marzo de 2022.
Tras ese arresto, el gobierno desató una cacería de brujas contra la dirigencia opositora. Esta fue la cronología de los arrestos de junio:
Junio, 2
El 2 de junio de 2021 fue detenida Cristiana Chamorro, presidenta de la fundacióna antes mencionada. Chamorro, al igual que todos los de esta lista, permaneció detenida más allá de lo que permite la ley para edificar un caso en su contra.
Fue acusada por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica y condenada a 8 años de prisión el 21 de marzo de 2022, aunque persiste en arresto domiciliario.
También el juez le ordenó pagar una multa millonaria. Defensores de derechos humanos denunciaron irregularidades en su proceso y en el de otros presos políticos.
Junio, 5
El diplomático y pre-candidato por el extinto partido Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz, perdió su libertad el 5 de junio.
Cruz fue acusado del delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad» y condenado a trece años de cárcel el 3 de marzo de 2022.
Recibió el régimen de arresto domiciliario el 19 de febrero de 2022 tras presentar síntomas de Parkinson y problemas para caminar y hablar.
Junio, 8
La noche del 8 de junio, el primo de Cristiana, Juan Sebastián Chamorro, fue capturado por la Policía. Recibió condena junto a Arturo Cruz el 3 de marzo de 2022 por los mismos delitos de «traición a la Patria» y en un juicio plagado de irregularidades.
Trece años de cárcel fue la sentencia y a diferencia de Cristiana, Juan Sebastián sí es retenido en las celdas de El «nuevo» Chipote.
Junio, 9
El político opositor y aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, fue detenido por la Policía Nacional el 9 de junio. Fue condenado el 3 de marzo de 2022 a trece años de cárcel por los delitos antes delineados.
En su cautiverio, Maradiaga sufrió abusos importantes, como la negación de comida y medicinas.
También fue detenido José Pallais, exvicecanciller, el 9 de junio. Lo condenaron a 13 años de prisión al mismo tiempo que a Maradiaga, Cruz y Chamorro. En febrero de 2019 le impusieron casa por cárcel por afectaciones a su salud.
Junio, 12
Tamara Dávila, activista feminista del Movimiento Renovador Sandinista (hoy Unamos) y Violeta Granera, socióloga, dirigente opositora y «defensora de la democracia y DDHH» fueron detenidas con pocas horas de diferencia.
Ambas fueron condenadas a 8 años de prisión por conspiración el 3 de marzo de 2022. Violeta Granera presentó graves afectaciones a su salud a eso de noviembre de 2021, pero eso no detuvo su juicio.
Una crisis de presión alta, problemas cardíacos y apariciones de manchas en su cuerpo fueron denunciadas por sus familiares, que pidieron el cambio de régimen. No se hizo caso a su solicitud.
A Tamara no le han permitido ver a su hija, que cumplió 6 años mientras ella permanece apresada injustamente.
Junio, 13
Al día siguiente, Ortega dio un golpe contra la disidencia sandinista. Del Movimiento Renovador Sandinista (hoy Unamos) cayeron en las manos de la Policía la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez; Ana Margarita Vijil, militante del partido; la presidenta de la organización, Suyén Barahona y también el exguerrillero sandinista y general en retiro, Hugo Torres.
Todos fueron acusados de los mismos delitos de conspiración. Vijil fue condenada a diez años de prisión el 7 de febrero de 2022. Al día siguiente, condenaron a Barahona a quince años de prisión.
Téllez recibió una condena de 8 años de cárcel el 10 de febrero. La madrugada del 11 de febrero, Hugo Torres falleció en cautiverio después de haber estado hospitalizado de emergencia desde diciembre de 2021.
Igualmente fue detenido Víctor Hugo Tinoco, exvicecanciller y militante de Unamos, acusado de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares» contra el Gobierno sandinista de Daniel Ortega.
A Tinoco le dictaron una sentencia de 13 años de cárcel el 21 de febrero de 2022, pero el régimen fue cambiado a casa por cárcel por afectaciones a su salud.
Junio, 20
Miguel Mora, periodista y aspirante presidencial, ya había sido preso político en 2018. También recibió una amnistía en 2019, pero nada de eso detuvo la mano del gobierno
Mora fue apresado el 20 de junio, acusado de supuestos delitos contra la soberanía. El 9 de febrero de 2022 le dictaron 13 años de cárcel.
Mora estuvo preso cuando su esposa, Verónica Chávez, y su hijo, Miguelito, fueron hospitalizados al caer enfermos de COVID-19. Su hijo es discapacitado y ha sufrido grandemente la falta de su padre.
Junio, 21
Los dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Antonio Vargas, ambos fueron detenidos el 21 de junio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
Los acusaron de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, además de menoscabo a la integridad nacional. La sentencia se dictó el 10 de mayo de 2022: trece años para Healy, presidente del COSEP; nueve para Álvaro Vargas, vicepresidente.
También en esa fecha fue apresada la exprimera dama de Nicaragua, María Fernanda Flores, esposa de Arnoldo Alemán. Flores fue condenada a ocho años de prisión el 9 de febrero de 2022. Desde el principio estuvo bajo régimen de arresto domiciliario.
Junio, 25
Para cerrar el mes, el 25 de junio el gobierno secuestró a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano de Cristiana, exdiputado y directivo del partido Ciudadanos por la Libertad.
El 21 de marzo de 2022 fue condenado a nueve años de prisión, pero le impusieron arresto domiciliario el pasado 1 de mayo luego de que el encierro afectara su salud. Pedro Joaquín cuenta 70 años de edad.
Al final del año
Los arrestos no se detuvieron, pero sí bajaron su frecuencia luego de junio. Al acabar el año ya había más de treinta detenidos y ningún candidato con oportunidad real de enfrentarse a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre, lo que parece haber sido el motivo principal del operativo masivo.
Los juicios, celebrados en 2022, se han llevado con el secretismo usual y todos los presos en celdas han sufrido el cautiverio en su salud. El gobierno ni siquiera respeta los más mínimos estándares de cuidado de reos.
Ya con sus oponentes tras las rejas, Ortega pudo concentrar su acción en el otro foco de resiliencia social: las organizaciones de la sociedad civil. Si 2021 fue el año de los arrestos, hasta ahora 2022 ha probado ser el año de las cancelaciones.
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