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Confiscación a Piero Coen es una «guerra anunciada» contra empresarios

A criterio de analistas políticos, economistas y opositores estas confiscaciones contra Coen son un mensaje no solo para el gran capital de Nicaragua sino para todo aquel empresario que quiera o pretenda crear un negocio en el país.

Daniel Ortega en un encuentro con Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua.

Las arremetidas del régimen contra los empresarios de Nicaragua están al más alto nivel, esto luego que confiscara propiedades del empresario Piero Coen y su esposa, la estadounidense Jaffa Coen.

A Coen Ubilla también se le ha levantado una causa judicial en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia Circunscripción Managua, en la cual no se menciona los tipos de agravios o delitos cometidos, pero sí se señala como ofendido al Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

Acusación contra Piero Coen. Cortesía.

A criterio de analistas políticos, economistas y opositores, la confiscación contra Coen y su esposa es un mensaje no solo para el gran capital de Nicaragua sino para todo aquel pequeño, mediano y grande empresario que quiera o pretenda crear un negocio en el país, haciendo que el arrastre de la poca inversión afecte a los más pobres por la falta de oportunidades laborales, entre muchos otros derechos violentados.

“Mensaje catastrófico” para empresarios

“Las confiscaciones que acaban de ser anunciadas y realizadas a Piero Coen es un mensaje catastrófico no solo para los grandes empresarios sino para el mundo entero, es un anuncio que Nicaragua bajo una visión desquiciada marcha hacia un Estado totalitario de absolutismo total que va a eliminar las libertades económicas, la propiedad privada y lo que es más grave, va a eliminar la iniciativa privada que es el derecho de todos los empresarios grandes, medianos, pequeños o individuos que quieran iniciar algún negocio, alguna iniciativa que tengan sobre un emprendimiento”, explicó a Nicaragua Investiga el analista político José Dávila.

Para la opositora Haydee Castillo estas confiscaciones no hacen más que confirmar lo que la sociedad civil y defensores de derechos humanos ya venían diciendo, “que la dictadura de Ortega ya dejó de ser solo una amenaza para la sociedad nicaragüense sino que ya está afectando la seguridad y la estabilidad en la región centroamericana”.

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“Está quedando claro que a Ortega no le importa la situación económica, emprender en la economía en Nicaragua, sabiendo que ese es un elemento esencial en la generación de empleos y en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”, resalta Castillo.

Un economista que habló con Nicaragua Investiga bajo condición de anonimato explicó que estas confiscaciones son “un atentado contra la Constitución Política” y que es “un mensaje negativo para la inversión privada, nacional e internacional”, además de alejar el clima de inversión y de negocios.

“Se lee un mensaje negativo para la inversión privada y al gremio empresarial lo pone en ascuas”, remarcó el economista.

Una guerra anunciada

Otro de los economistas que se refirió al respecto fue Juan Sebastián Chamorro, quien también ha sido víctima del régimen Ortega-Murillo. Para él no fue sorpresa lo que ocurrió con el empresario Piero Coen, pues explica que los voceros del régimen como William Grigsby “ya lo habían anunciado”.

“Cuando se materializa una confiscación de esta naturaleza, además que es una confiscación de facto, la Policía simplemente se metió como se meten los ladrones a una propiedad, envía un mensaje clarísimo a empresarios y es una señal pésima para la economía del país porque básicamente indica a quienes tienen capital en Nicaragua que su capital, sus inversiones, no están seguras”, alegó Chamorro.

Antes de las confiscaciones a Piero Coen, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había dado varias señales de que iba contra el gran capital. El pasado 3 de junio de este 2023, se conoció que el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua (Procompetencia) impuso una multa de $200,000 a la empresa Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL) por “prácticas anticompetitivas”. Dicha empresa pertenece al consorcio del Grupo Pellas, propiedad del empresario más grande de Nicaragua, Carlos Pellas.

Ante este escenario Haydee Castillo señala que esto es la segunda etapa de las arremetidas del régimen contra los empresarios, pues mucho antes de estas confiscaciones ya se había cancelado la personería jurídica de Upanic, apresaron a miembros del COSEP y de la Asociación de Ganaderos.

“Evaluar” tratados y acuerdos comerciales

“Ahorita está abriendo una nueva etapa de confiscaciones en donde ya va a afectar directamente al gran capital”, señala Castillo, quien además hace un llamado a la comunidad internacional y especialmente a Estados Unidos y la Unión Europea a “evaluar la cláusula democrática” del tratado de libre comercio y el acuerdo de asociación con Nicaragua, respectivamente, para ejercer más presión contra el régimen de Ortega.

“Los acuerdos de libre comercio no pueden estar al margen de los derechos humanos, esto está afectando directamente el derecho al empleo, al salario, a ingresos, autonomía económica, recordando que Nicaragua tiene el 70 % de su población económicamente activa en el sector informal, estaríamos hablando de que la crisis cada día se profundiza mucho más”, señala la opositora.

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El “mensaje gravísimo” enviado al gran capital de Nicaragua es la muestra de la instauración de un “Estado absolutista comparable con lo que se dio en Francia en el siglo XVII con el rey Luis XIV que afirmó que ‘el Estado soy yo’”, señala el analista político José Dávila.

“Nicaragua sin tener la grandeza de lo que fue ese país (Francia) en ese tiempo y sigue siendo hoy, está dando pasos verdaderamente catastróficos hacia una economía estatizada, centralizada, estatista, que no va a dejar espacio para la iniciativa privada”, asegura Dávila.

Impacto en la economía

La situación está llegando a su punto más crítico y el impacto en la economía de Nicaragua y especialmente en las clases más pobres va a tener efectos muy fuertes, según explica Juan Sebastián Chamorro.

“Una cosa es confiscar a políticos, pero confiscar empresarios ya se está tornando una acción verdaderamente seria, esto va a traer como consecuencia ahuyentar aún más las inversiones que ya están obstante decaídas y va a tener un efecto negativo sobre la economía”, expone el economista.

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Tal como ya lo anunciaba el propagandista William Grigsby, José Dávila apunta a que no cabe duda que el régimen va contra el gran capital y esta vez “van contra todos”.

“Los grandes empresarios que se la venían jugando entre dilemas y dilemas hoy ven con claridad lo que les espera en un futuro próximo. Van contra todos los grandes empresarios… la alarma es máxima sobre lo que está pasando en Nicaragua, las señales son apocalípticas”.

Ante la escalada represiva del régimen, Haydee Castillo hace un llamado urgente a la unidad de todas las organizaciones opositoras y a la comunidad internacional le pide que “deje de estar con llamamientos, con exhortaciones sino pasar a medidas concretas”, pues en Nicaragua la “situación es insostenible” y de no lograrse un cambio inmediato en el país, “va a ser muy difícil la recuperación del pueblo de Nicaragua en el corto y el mediano plazo”.

Autor
Nicaragua Investiga
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