El recibo de luz es, para la mayoría de los nicaragüenses, un dolor de cabeza mensual que parece no tener fin ni competencia.

Esta asfixia económica tiene su raíz en un contrato de exclusividad que data del año 2000, cuando el gobierno de Arnoldo Alemán privatizó la distribución eléctrica y entregó el mercado a la transnacional española Unión Fenosa.

Ante múltiples quejas de mal servicio y cobros elevados por parte de los usuarios, así como de excesivos y no castigados procesos de sustracción ilegal de la energía por parte de la distribuidora, la empresa fue vendida en 2013 a TSK-Melfosur por 43 millones de Euros pasando a llamarse Disnorte-Dissur, mientras el gobierno de Ortega exigió el 16% de las acciones, supuestamente para proteger los intereses de los usuarios.

Sin embargo, en 2020 fuentes reportaron al medio digital Confidencial que TSK-Melfosur vendió sus acciones y salió del país ante temores de ser embestidos por las sanciones estadounidenses, dado que la participación accionaria del gobierno les ponía en la mira.

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Ortega, el zar de la luz

Según Confidencial, como Albanisa había sido sancionada no pudo comprar directamente el 84% de las acciones de TSK-Melfosur, por lo que se hizo es traspaso “a una compañía privada” para administrar el suministro de energía en el país.

La empresa de la que no se sabe nada, pues el asunto se tiene bajo total hermetismo, estaría vinculada los intereses empresariales de la familia Ortega-Murillo quien lleva décadas involucrada en el negocio petrolero y energético del país.

Es decir, los costos de la energía eléctrica, que actualmente son los más caros de Centroamérica, los define Daniel Ortega, el mismo que décadas atrás, antes de regresar al poder, se quejaba del monopolio que Alemán le entregó a Unión Fenosa y prometía abrir el mercado para la libre competencia.

Ahora siendo él dueño de esta compañía a través de sus negocios clandestinos, es imposible pensar en que abrirán el marcado a otras empresas para suavizar la carga de los usuarios que desde 2019 con los ajustes del pliego tarifario vieron un aumento considerable en sus recibos.

Un monitoreo de Nicaragua Investiga sobre quejas en contra de Disnorte-Dissur por alta facturación constató facturas por consumo residencial de entre 2 mil y hasta 11 mil córdobas mensuales.

Ortega y su promesa rota

Resulta irónico recordar que, antes de retomar el poder en 2007, Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) eran los críticos más feroces de Unión Fenosa. En aquellos años de oposición, los sandinistas utilizaban los apagones y las altas tarifas como bandera política, calificando la privatización como un «saqueo» al pueblo.

Durante su campaña, Ortega llegó a declarar con contundencia: «Nosotros no hubiéramos dejado entrar a Unión Fenosa, no hubiéramos entregado la distribución», presentándose como el salvador que revertiría la entrega de los recursos nacionales a manos extranjeras.

En ese entonces Ortega dijo que la entrega de la distribución de energía a una empresa privada era “una actitud mafiosa” y representaba “prácticas gansteriles”, justo lo que él mismo hizo años más tarde.

Una vez en la silla presidencial, el discurso de la «soberanía energética» se transformó en una relación de conveniencia. En lugar de cancelar el contrato de exclusividad o abrir el mercado para abaratar costos, el régimen optó por una estrategia de presión y negociación que culminó con el control financiero de la distribuidora bajo el paraguas de Albanisa. Incluso en 2008, analistas señalaban que Ortega utilizaba un «acceso plagado de insultos y amenazas» contra la empresa española para forzar acuerdos que beneficiaran sus propios intereses políticos y económicos, dejando en segundo plano el alivio para el bolsillo de los ciudadanos.

Hoy, la realidad es que el monopolio ha sido blindado por reformas legales que otorgan a Disnorte-Dissur poderes extraordinarios, como la capacidad de enjuiciar y embargar a clientes morosos que consuman más de 300 kilovatios hora. Lo que antes era denunciado como un atropello neoliberal, hoy es una política de Estado que prioriza la recaudación de la compañía —ahora bajo control estatal opaco— sobre el bienestar de las familias nicaragüenses. Mientras la exclusividad persista, la energía en Nicaragua seguirá siendo un lujo caro, gestionado por los mismos que ayer prometieron destruirlo y hoy lo administran con mano de hierro.