El gobierno de México aseguró este miércoles que trabajará para aclarar las causas del incendio en un centro de detención migrantes en Ciudad Juárez, en el que fallecieron más de 40 personas, y anunció que en estos momentos ya ha identificado a ocho presuntos responsables.
«No se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie», aseguró en una conferencia de prensa en la tarde secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, quien prometió castigar a los responsables del encierro y no dar socorro en el centro migratorio.
Rodríguez adelantó que ya están listas varias órdenes de detención contra ocho posibles responsables, entre ellos agentes federales y de migración. Hasta el momento hay identificados algunos vigilantes y un presunto autor del incendio.
“Hay un delito grave”, dijo la secretaria Rodríguez sobre información de que los funcionarios de Migración, de manera deliberada, no socorrieron a los migrantes. La investigación fiscal, dijo, inició abordando los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena y “probablemente” a medida que avances las pesquisas, podría aflorar el de abuso de autoridad, en el caso de los funcionarios.
La fiscal especial para Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Irene Reyes, también presente en la conferencia de prensa, aclaró que las personas no están detenidas. Detalló, no obstante, informó que han sido llamadas a declarar cuatro personas.
Sin embargo, de acuerdo al desarrollo de la investigación, dijo la secretaria de Seguridad, pudieran expedirse otras órdenes de aprehensión.
Más adelante, a una pregunta de los reporteros acerca de la compañía de seguridad privada del centro de detención, la secretaria de Seguridad, Rodríguez, señaló que no habrá impunidad para ninguno de los implicados en referencia los homicidios: «se va a hacer la revisión de la empresa, si cumplía con requisitos y permisos correspondientes», dijo.
En el fatal incendio murieron 28 guatemaltecos, 13 hondureños y un colombiano, de acuerdo con información oficial compartida por los gobiernos de esos tres países. El gobierno de México ha oscilado el saldo de víctimas entre 38 y 40 muertos.
Rodríguez informó que, además, actualmente 27 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros de salud.
Testimonios del horror
Cuando empezó a salir humo de un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México, la migrante venezolana Viangly Infante Padrón quedó aterrorizada porque sabía que su esposo seguía dentro.
El padre de sus tres hijos había sido detenido ese día por agentes de inmigración, dentro de una reciente operación donde fueron detenidos otros 67 migrantes, muchos de los cuales pedían limosna o lavaban ventanas de autos en semáforos de la ciudad, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.
En momentos de conmoción y espanto, Infante Padrón recordó cómo vio a los agentes de inmigración salir corriendo del edificio cuando comenzó el fuego el lunes por la noche. Más tarde sacaron los cuerpos de migrantes en camillas, envueltos en mantas de emergencia.
“Estaba desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por ninguna parte”, explicó Infante Padrón. Finalmente su esposo, Eduard Caraballo López, sobrevivió con lesiones leves, quizá porque iba a ser liberado y estaba cerca de una puerta.
Pero lo que ella vio en esos primeros minutos se ha convertido en el centro de una pregunta que se hacen muchos en México: ¿Por qué las autoridades no intentaron liberar a los hombres -casi todos de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador- antes de que el humo llenara la sala y matara a tantos?
“Había humo por todas partes. Dejaron salir a las mujeres y a los empleados de inmigración”, explicó Infante Padrón. “A los hombres nunca los sacaron hasta que llegaron los bomberos”.
Infante Padrón señaló que dado que sólo los agentes tenían la llave, era su responsabilidad abrir las puertas y salvar esas vidas, sin importar que las personas que estaban dentro pudieran huir.
Yuliani López, una venezolana que dijo no saber sobre el estado de su amigo Orlando Maldonado, de 26 años de edad, que estaba retenido en el albergue, explicó que se había presentado ante la Fiscalía General en Ciudad Juárez, pero no le dieron respuesta y se mostró angustiada.
“No sabemos qué hacer, ya tenemos miedo de estar en la calle, que Inmigración nos vaya a hacer algo, no tenemos seguridad. Venimos a un país a pedir que nos apoyen y lo que hacen es matarnos a diario. Ya tenemos miedo”, manifestó.
Las autoridades de inmigración dijeron haber liberado a 15 mujeres cuando se declaró el incendio, pero no han explicado por qué no se liberó a ningún hombre.
Las imágenes de los videos de seguridad filtrados el martes muestran a migrantes, que al parecer temían ser trasladados, colocando colchonetas de espuma contra las barras de su celda y prendiéndoles fuego.
El Instituto Nacional de Migración (INM), que gestionaba el recinto, dijo estar cooperando con la investigación. Guatemala ya ha dicho que muchas de las víctimas eran ciudadanos suyos, pero la identificación completa de los muertos y heridos no se ha completado.
Reacción desde el extranjero
Este miércoles Amnistía Internacional denunció en un comunicado de prensa que lo ocurrido “es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos”.
En tanto, la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, citada en el mismo texto, cuestionó la operatividad del gobierno mexicano. “Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, apuntó.
La organización también conminó el Estado mexicano a cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 15 de marzo de no retener por más de 36 horas a los migrantes a su paso por el país. En cuanto a EEUU, dijo que debería reconsiderar su política migratoria para conceder asilo a aquellas personas que lo necesitan, basándose en “el respeto a todos sus derechos”.
Las autoridades estadounidenses se han ofrecido a ayudar a atender a algunas de las 28 personas en estado grave, al parecer la mayoría por inhalación de humo.
Para muchos, la tragedia era el resultado previsible de una larga serie de decisiones tomadas por líderes en lugares como Venezuela y Centroamérica, por responsables de inmigración en México y Estados Unidos, y hasta de los residentes de Ciudad Juárez que se quejan del número de migrantes que piden limosna en las esquinas de la ciudad.
“Se veía venir”, sentenció el martes en un comunicado la Red de Casas de Migrantes y Centros de Derechos Humanos, que agrupa a más de 30 organizaciones. “La política migratoria de México mata”.
Ese mismo grupo publicó el 9 de marzo una carta abierta en la que denunciaba la criminalización de los migrantes y solicitantes de asilo en Ciudad Juárez. La misiva acusaba a las autoridades de maltratar a los migrantes y emplear una fuerza excesiva en las detenciones, y en concreto denunciaba que la policía municipal había interrogado a gente en la calle sobre su situación migratoria sin motivo.
El papa Francisco ofreció una oración por las víctimas del “trágico incendio” al final de su audiencia general del miércoles.
Inseguridad marca decisión de migrantes de cruzar a EEUU
Ya entrada la tarde del jueves la Voz de América pudo constatar cómo un grupo numeroso de inmigrantes, varios de ellos procedentes de Venezuela, dejaron las cercanías del albergue del Instituto Nacional de Inmigración donde ocurrió el incendio y trataron de cruzar hacia el lado estadounidense.
Mujeres y hombres con niños en brazos o a pie, incluso cargando sus mascotas, se dirigieron apresuradamente hacia el punto fronterizo entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, en Texas.
“La situación en Venezuela está muy mala y queremos otro ambiente, otro estilo de vida”, dijo a la VOA un hombre que se identificó como Antonio y que iba entre el grupo por una senda irregular, contigua a la valla fronteriza bajo el ardiente sol.
Aunque las autoridades de la oficina de Aduanas y Control de Fronteras de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) han reiterado que “la frontera no está abierta”, algunos migrantes dijeron haber recibido información extraoficial de que el punto fronterizo estaría abierto después de la tragedia.
“Queremos venir de aquel lado porque ya de este lado no nos sentimos seguros”, dijo al punto de las lágrimas la también venezolana, Ayalu Sánchez quien dijo ser odontóloga de profesión y abandonó su puesto de trabajo tras una huelga debido a que no les pagaban su salario.
Otros dieciocho profesionales de la salud de Venezuela, afirmó la mujer, también llegaron hasta Ciudad Juárez con la idea de cruzar a EEUU.
“Queremos llegar allá para aplicar a nuestro caso, tenemos pruebas, nuestra familia en Colombia”, comentó también a la VOA el esposo de Ayalu, un venezolano que no dio su nombre y que afirmó que debido a la inseguridad, sacó a su familia de Venezuela.
Precisamente frente a la sede del instituto migratorio, residentes llegaron a esa hora en un auto para entregarles raciones de pizzas a los inmigrantes, dando preferencia a mujeres y niños, en un gesto de buena voluntad.
Nicaragua Investiga
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