Un grupo de opositores nicaragüenses radicados en Estados Unidos solicitó formalmente al Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) una revisión institucional de toda la cooperación militar que mantienen con el Ejército de Nicaragua.
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La petición, enviada mediante carta, está respaldada entre otros por Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, ambos despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega. Los firmantes argumentan que la postura pública del general Julio César Avilés, jefe del Ejército nicaragüense, justifica esa revisión a la luz de los principios de la propia CFAC.
Según el documento, Avilés respaldó abiertamente las reformas constitucionales impulsadas por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. Esas enmiendas, aprobadas en primera legislatura a inicios de septiembre, prohíben participar en elecciones a cualquier persona catalogada como “traidor a la patria” —categoría aplicada ya a al menos 452 opositores y críticos desnacionalizados— y amplían de seis a siete años el mandato presidencial de Ortega y Rosario Murillo. También extienden ese periodo a los jefes del Ejército y de la Policía.
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Los exiliados señalan además las acusaciones internacionales que vinculan a la institución militar nicaragüense con graves violaciones de derechos humanos y el creciente acercamiento de Managua a actores extrarregionales como China y Rusia. Aclaran, no obstante, que no buscan el aislamiento definitivo del Ejército nicaragüense, sino garantizar que las fuerzas armadas de la región mantengan un carácter profesional, institucional y subordinado al poder civil constitucional.
La CFAC agrupa a las fuerzas armadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. La segunda y definitiva votación de las reformas constitucionales está prevista para el 18 de enero de 2027.
Periodista Nicaragua Investiga
