El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, proclamó el martes ante el Congreso su «total, evidente e incuestionable» inocencia en el presunto delito de peculado bajo el cual la oposición de izquierda busca destituirle del cargo mediante un juicio político.
En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del gobierno de derecha es para el principal bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel.
«No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia», se defendió el mandatario a lo largo de casi una hora de discurso en el hemiciclo de Quito.
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Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional inició este martes el juicio político contra Lasso, en el que los congresistas presentaron los argumentos en su contra seguidos de la defensa del mandatario. Se espera que en la tarde ambas partes hagan uso de su derecho a la réplica.
En el poder desde mayo de 2021, el mandatario es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
«Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante cinco meses, no les quedó más que conformarse con la carta más débil», aseveró el presidente de 67 años, antes de dejar la Asamblea aupado por sus simpatizantes.
Varias centenas de personas se concentraron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento, que estaba acordonado por policías. A través de pantallas gigantes, algunos siguen el juicio político, que entró en receso.
Los seguidores del gobernante ondearon banderas de Ecuador, lanzaron gritos contra los asambleístas y portaron carteles con consignas como «¡Viva la democracia!» y «Defendemos la democracia y la paz».
«Por el despeñadero»
El proceso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.
El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, en una deliberación que podría tomar varios días.
Esta es la segunda vez que el exbanquero queda entre la espada y la pared. En junio pasado el Parlamento intentó mediante votación directa destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.
Al Congreso, en esa ocasión, le faltaron 12 votos para concretar la remoción por una grave crisis política y conmoción interna.
De salvarse nuevamente, Lasso no tendrá más que «ver cómo el país sigue por el despeñadero» al tener que gobernar con un Congreso opositor y sin puentes de comunicación, señaló a la AFP el constitucionalista Rafael Oyarte.
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Sangrientas manifestaciones contra el gobierno y fracasos en las urnas han debilitado la imagen del mandatario.
Lasso usó una de las tres horas que tenía destinadas para su defensa y lanzó un abanico de reclamos a la oposición encabezados por un reiterado «yo los acuso».
«Yo los acuso a ustedes de haber abandonado su rol de legisladores, ustedes no crean leyes sino que las destruyen», aseguró.
Disolución del Congreso
Bajo la manga, al mandatario le queda el mecanismo de la denominada «muerte cruzada», que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.
«Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real» por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, sostuvo a la AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
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La disolución fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica.
Para Oyarte, este mecanismo sería una «irresponsabilidad política» que beneficiaría a la izquierda del correísmo en el caso de comicios antes de hora.
«Si bien no es seguro que obtengan la presidencia de la República, algo sí es seguro: sus parlamentarios, que hoy suman 49 de 137, subirán sus escaños», sostuvo.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).
Será subrogado por su vicepresidente Alfredo Borrero para completar el período de cuatro años.
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