Una corte federal de apelaciones falló que una ley federal de deportaciones que causó la separación de familias en la frontera sur es “neutral en el aspecto racial” y con ello anuló una decisión judicial sin precedentes en Nevada que la había catalogado de racista e inconstitucional.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes su esperada decisión en torno a la ley conocida como Sección 1326 que tipifica como delito regresar ilegalmente a Estados Unidos después de una deportación, expulsión o negación de ingreso.
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El fallo supone un revés para los activistas que esperaban ver cambios importantes en el sistema de inmigración del país después de que la jueza federal Miranda Du desechara hace casi dos años una acusación de reingreso ilegal contra un inmigrante mexicano. Du dijo haber desestimado el caso porque la Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad discrimina a los latinos y por ende violó los derechos constitucionales de Gustavo Carrillo López.
“Estamos profundamente decepcionados del fallo del Noveno Circuito que ratifica la Sección 1326, una ley discriminatoria que continúa alimentando el encarcelamiento a gran escala de personas negras y morenas, dilapida recursos gubernamentales y separa a las familias”, dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project, en un comunicado que envió por correo electrónico.
Una defensora pública federal de Carrillo también se dijo decepcionada de la resolución de la corte, pero declinó señalar si apelaría ante la Corte Suprema federal.
“Tenemos la intención de buscar una revisión adicional sobre este muy importante asunto constitucional”, indicó Amy Cleary en un comunicado dirigido a The Associated Press.
El fallo de Du en agosto de 2021 fue el primero de su tipo desde que el Congreso tipificó como delito hace casi un siglo regresar a Estados Unidos tras una deportación de acuerdo con la Ley de Extranjeros Indeseables de 1929.
Su orden contenida en 43 páginas se remontó a la historia de la ley en la década de 1920, una época en la que “el Ku Klux Klan había renacido, Jim Crow había alcanzado la mayoría de edad y los intelectuales públicos predicaban la ciencia de la eugenesia”, dijo la profesora de historia de la UCLA y principal investigadora de la sección 1326, Kelly Lytle Hernandez.
El Departamento de Justicia apeló rápidamente. Reconoció que la ley de 1929 se basaba en el racismo pero arguyó en diciembre ante un panel de tres jueces del 9no Circuito en California que revisiones posteriores —incluida la Sección 1326— la hacían constitucional.
“Esa ley, tal como fue decretada en 1952 y modificada desde entonces, es constitucional de acuerdo con los principios de protección igualitaria”, dijo un abogado del Departamento de Justicia a los jueces. “Y la corte de distrito en este caso es la única en el país que concluye lo contrario”.
El Departamento de Justicia se negó el lunes a comentar sobre el fallo de la corte de apelaciones.
En medio de la apelación, el gobierno federal continuó aplicando la Sección 1326 a casos en todo el país porque Du no incluyó en su orden una medida cautelar contra la ley.
La sección 1326 y su contraparte de delito menor, la Sección 1325, figuran entre los cargos más numerosos aplicados por el gobierno federal. La sección 1325 tipifica como delito el ingreso no autorizado a Estados Unidos.
El número de casos ha disminuido desde la aparición de la pandemia de COVID-19, pero el Departamento de Justicia continúa enjuiciando a decenas de miles de personas anualmente por reincidir en el ingreso ilegal.
Al mismo tiempo, los abogados de inmigración y defensores de inmigrantes en el país continúan impugnando la ley de deportación, para lo que aprovechan el mismo marco jurídico del caso de Nevada.
Y hay más casos por venir, dijo Khaled Alrabe, uno de los abogados principales en el National Immigration Project.
Esta semana, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 3er Circuito en las Islas Vírgenes estadounidenses tiene previsto escuchar un caso similar en el que se impugnó la Sección 1326 y se cataloga esa disposición como racista e inconstitucional.
“Continuaremos trabajando con nuestros socios, activistas, organizadores y, por supuesto, los defensores federales para revocar y deshacernos nosotros mismos de estas leyes racistas”, señaló Alrabe.
Nicaragua Investiga
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