La propaganda del régimen de Daniel Ortega se estrella una vez más contra la realidad. Mientras las instituciones oficiales intentan vender la idea de una economía próspera, los propios informes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) confirman que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) volvió a caer en números rojos, acumulando un déficit de C$211.3 millones de córdobas en tan solo los primeros tres meses de 2026.

Este resultado negativo tumba el efímero respiro que la institución había mostrado en 2025, cuando registró un saldo a favor de C$161.5 millones. La vuelta a los números rojos demuestra que los severos «paquetazos» y reformas impuestas por la dictadura en años anteriores —que aumentaron las cuotas que pagan trabajadores y empresarios e incluyeron recortes a las futuras jubilaciones— fueron únicamente un parche temporal para un sistema que se desangra por la falta de empleos de calidad.

El propio documento de Hacienda intenta justificar el hueco financiero argumentando que el déficit «se debió principalmente al aumento en la compra de bienes y servicios (+16.9%), asociado al mayor gasto en prestaciones médicas (+17.0%) y al pago de prestaciones sociales (+7.0%)». Sin embargo, la razón de fondo que la propaganda no menciona es que el INSS se está quedando sin dinero porque en Nicaragua cada vez hay menos gente con un trabajo formal que cotice mes a mes.

La mayoría no cotiza

Pero las mismas tablas estadísticas del INIDE dejan al descubierto la mentira: el 36.8% de los nicaragüenses trabaja por «cuenta propia» en la informalidad, un 11.1% labora como «trabajador no remunerado» en negocios familiares sin recibir un salario, y el 39.9% sobrevive en el subempleo a nivel nacional, una cifra que en Managua se dispara al 45.6%.

En la práctica, esto significa que casi la mitad del país vive de la venta ambulante, «rumbos» de pocas horas o empleos informales. Para el INIDE, una persona que vende en los semáforos o apoya a un pariente a cambio de un tiempo de comida cuenta formalmente como alguien «ocupado»; pero para el INSS, esa persona simplemente no existe. No aporta un solo córdoba al fondo de pensiones ni tiene derecho a atención médica para su familia.

Nicaragua cerró el año 2025 con 810.197 trabajadores afiliados como asegurados activos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según el informe oficial del Banco Central de Nicaragua. Mientras la población económicamente actiba se calcula en 3 millones y medio de habitantes.

Régimen dice que 98 de cada 100 nicaragüenses tienen empleo, pero oculta la miseria del subempleo

Un futuro de incertidumbre para la salud y las pensiones

Aunque el régimen celebra que está recaudando montos récords mediante impuestos al consumo y la renta, el INSS sigue siendo la prueba viviente de que el modelo económico nicaragüense no es sostenible. Al no existir un ambiente seguro para la inversión privada ni la creación de empresas formales, la masa de cotizantes se estanca o disminuye, mientras las necesidades de los jubilados y enfermos siguen aumentando.

Afrontar un déficit de C$211.3 millones en apenas noventa días es una señal de alarma para toda la población. Mientras la dictadura continúe inflando cifras de «pleno empleo» basadas en la miseria y el autoempleo informal, el Seguro Social continuará tambaleándose, poniendo en riesgo real las futuras pensiones y la atención médica de los pocos trabajadores que aún logran cotizar.