Trump prolonga orden ejecutiva contra gobierno de Ortega

El presidente de EEUU afirma que la situación de en Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 y el desmantelamiento sistemático y el debilitamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho continúan en el país.

El presidente Donald Trump prolongó este martes una orden ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 que declaró una emergencia nacional para hacer frente “a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituido por la situación en Nicaragua”.

En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump informó al Congreso que envió al Registro Nacional que la emergencia emitida en 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre de 2020.

El presidente afirma que la situación de en Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 y el desmantelamiento sistemático y el debilitamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho continúan en el país.

También persisten “el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua”.

Todo esto, agrega Trump, “continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

“Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua”.

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La orden ejecutiva de 2018, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, sancionó a la varias figuras de la cúpula del poder en Nicaragua, entre ellas la vicepresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega.

Fue la primera acción de la administración Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense.

La orden incluyó sanciones como el congelamiento de propiedades en EE.UU. y prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener cualquier tipo de relación comercial con ellos.

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Trump prolongó también la orden ejecutiva en noviembre de 2019 y hasta la fecha su administración ha emitido más sanciones contra otros funcionarios del gobierno de Ortega por acusaciones de corrupción.

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