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Maduro despoja de competencias a un gobernador opositor

Instituciones del gobierno venezolano administrarán los aeropuertos y las estaciones de peajes en Zulia, el estado más poblado del país, luego de que el dirigente opositor Manuel Rosales ganara su gobernación en noviembre.

El gobierno de Nicolás Maduro asumió la administración de aeropuertos, peajes y el Puente sobre el Lago de Maracaibo en el estado más poblado de Venezuela, Zulia, días luego de que su candidato a la gobernación en esa región perdiera en las votaciones de noviembre pasado contra uno de los principales líderes opositores del país, Manuel Rosales.

La Gaceta Oficial 42.261, fechada el martes 23 de noviembre, pero conocida públicamente este jueves, notifica una resolución que ordena “la transferencia inmediata” de la administración de los aeropuertos de La Chinita (el principal, en la capital del estado), Miguel Ángel Urdaneta, en el municipio Santa Bárbara y Oro Negro, en Cabimas, a la empresa estatal Bolivariana de Puertos, BAER.

La publicación también informa que la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, FONTUR, asume “por razones técnicas y de eficacia” la administración de las estaciones de peajes y del dinero recaudado por los derechos para poder circular en las carreteras y autopistas de Zulia, así como de las instalaciones para tal fin situadas en el Puente General Rafael Urdaneta.

Ese puente es considerado uno de los más extensos de Suramérica, gracias a sus ocho kilómetros de distancia, y conecta a una docena de municipios de la costa occidental del Lago de Maracaibo con el resto de Venezuela por vía terrestre.

Esas administraciones fueron competencia de la gobernación zuliana en los últimos años, cuando dos políticos aliados del chavismo ocuparon el cargo: primero, entre 2012 y 2017, Francisco Arias Cárdenas, compañero de armas del expresidente Hugo Chávez en el golpe de Estado de 1992; y luego, de 2017 hasta este año, Omar Prieto, vicepresidente regional del partido de gobierno.

Prieto, aspirante a la reelección en las elecciones regionales del 21 de noviembre pasado, perdió claramente contra el candidato de la plataforma unitaria opositora, el exgobernador del estado entre 2000 y 2008, así como fundador de uno de los principales partidos críticos de Maduro, Manuel Rosales Guerrero.

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El dirigente de Un Nuevo Tiempo ganó con holgura al candidato chavista con una ventaja de 185.000 votos o de 17 puntos porcentuales. La noticia sobre el despojo de sus competencias en aeropuertos y peajes se conoce dos días luego de que Rosales se reuniera con Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Según explicó el político opositor en Twitter, la reunión fue “fructífera” y sirvió para “concretar acuerdos de funcionamiento entre los distintos niveles de la administración pública”. En su mensaje, agradeció la receptividad de Maduro, a quien llamó “presidente”, un cargo que, según la oposición, usurpa desde 2019.

Maduro también se reunió el martes pasado con otros dos gobernadores opositores electos en las votaciones de noviembre, Morel Rodríguez, de la oriental isla de Nueva Esparta, y Alberto Galíndez, de Cojedes.

Sobre su encuentro con Rosales, el presidente venezolano escribió en su cuenta oficial de Twitter: “le manifesté la disposición del gobierno bolivariano que presido, para trabajar unidos por el bienestar del pueblo. Vamos hacia una nueva etapa de diálogo y entendimiento. ¡Paz y estabilidad!”.

En manos del «centralismo»

Zulia, en el occidente, es el estado más poblado de Venezuela. Antes de la ola migratoria de los últimos años, se calculaba que tenía cerca de cuatro millones de habitantes. Es considerado una región estratégica por sus millonarias reservas de crudo, su actividad agropecuaria y su cercanía con Colombia.

La oposición venezolana no solo ganó la gobernación de ese estado occidental, sino que sus candidatos también triunfaron en 15 de las 21 alcaldías de la región. Los aspirantes del chavismo obtuvieron los cargos en los otros seis municipios.

Nora Bracho, diputada electa al Parlamento nacional en 2015 y dirigente del partido fundado por Rosales, calificó la medida anunciada esta semana como un “zarpazo” nacional en contra de la descentralización de la gestión pública.

“No se los arrebatan a un hombre o a un gobierno. Se los arrebatan a los zulianos, que ven el deterioro de su calidad de vida y que cada día ven que el centralismo no funciona para solucionarle los problemas a las regiones”, comentó la parlamentaria opositora en entrevista con la Voz de América.

Criticó además las condiciones en las que están las instituciones cuyas administraciones pasaron a manos del gobierno nacional, como el puente sobre el Lago de Maracaibo y el aeropuerto internacional La Chinita, en Maracaibo.

“No tuvieron doliente (en ocho años), ¿y ahora lo tendrán para que sean administrados por el centralismo? ¡No lo creo!”, aseveró la vocera opositora.

El candidato a la reelección para la gobernación zuliana y dirigente del chavismo, Omar Prieto, había prometido la transición o entrega del cargo en un plazo no mayor a 15 días, una vez conocida su derrota en las votaciones.

Una semana después de las elecciones, su jefe de comunicaciones y diputado del Parlamento electo en 2020, Juan García, notificó de manera extraoficial sobre los cambios en la administración de los peajes y aeropuertos del estado.

La oposición venezolana ha criticado durante años al chavismo por despojar a gobernantes regionales de sus competencias. El oficialismo, durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, designó desde 2009 “protectores” en ciudades y estados donde no logró mayoría en las votaciones para asumir funciones de gestión pública con apoyo del gobierno nacional.

Esa figura, que no está incluida en la Constitución ni en las leyes del país, se ha ejecutado en regiones como Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida y Miranda. Antes de las votaciones de noviembre, Maduro expresó públicamente su intención de eliminar a los “protectores” en Venezuela.

“A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es que, gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Vamos a eliminar esto que hemos denominado ‘protectorado’, por estado y municipio, para que gane el que gane. Que gobiernen y punto. Vamos a ver qué tal les va”, dijo en junio pasado.

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