La CIDH preocupada por la continua violencia contra activistas pro derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó, a través de un ​comunicado, su preocupación ante la violencia contra defensores de los derechos fundamentales, registrada entre mayo y agosto del 2022 en la región.

La CIDH dice que en particular, le preocupa «que, durante este periodo, conoció sobre un elevado número de asesinatos en varios países de la región, así como actos de hostigamiento y criminalización por sus actividades de defensa».

La Comisión citó algunas estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la cuales contabilizan, en Brasil, 19 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales siete fueron asesinatos. En México, la oficina registró el asesinato de, al menos, seis activistas.

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En el caso de Colombia, durante este periodo, dice el comunicado, la Defensoría del Pueblo recibió y verificó 62 casos de homicidios a líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Y, en Perú, se registró el asesinato de un activista.

En Centroamérica, el panorama tampoco es alentador. En Guatemala, las autoridades contabilizaron al menos tres activistas asesinados. En Honduras, según cifras de la OACNUDH, se registraron dos asesinatos en este segundo cuatrimestre.

Así mismo, la CIDH instó a los países a investigar «de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa», además de «buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes». También enfatizó la importancia de implementar medidas de reparación y garantías de no repetición a las familias de las víctimas.

La CIDH ​también se refirió a la criminalización, y señaló que, en Venezuela, «se seguiría utilizando la legislación antiterrorismo para obstaculizar la labor de las personas defensoras». En este sentido, la Comisión pidió a las autoridades judiciales realizar un control jurisdiccional de las denuncias y evitar juicios injustos que llegan a través de investigaciones estatales.