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Caso del Gran Canal Interoceánico a los tribunales el 2 de febrero

Audiencia está programada para el 2 de febrero, donde serán presentados testigos y peritos, dio a conocer María Luisa Acosta, labogada de derechos indígenas.

En las comunidades indígenas hay muchas cosas por hacer y pendientes por resolver. El Gran Canal de Nicaragua, el megaproyecto anunciado hace más de diez años, es solo un “sueño” del régimen, del que no ha habido avances, una buena noticia para el campesinado, ambientalistas y defensores de la tierra que desde el primer instante rechazaron la idea, por el impacto ambiental que esto traería.

El tema del canal vuelve a la agenda y para el próximo 02 de febrero de 2023 está programada la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, sobre el caso, por violar principalmente los diversos derechos de los pueblos indígenas.

“Iniciado en el año 2014 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por la falta de Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) de la Ley No 800 que creó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) y le Ley No 840, que otorgó la Concesión del GCIN en tierras indígenas y de afrodescendientes”, cita el comunicado de Calpi.

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) compartió en su cuenta de Facebook la noticia, que abarca “los pueblos Rama y Kriol Vs. Nicaragua, que versa las violaciones en el contexto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua contra estos pueblos”.

El pueblo Rama y Kriol está integrado por nueve comunidades indígenas, seis del pueblo Rama y tres del pueblo Kriol, que habitan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en el Departamento del Río San Juan, al sureste de Nicaragua. Asimismo, la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB o Comunidad de Bluefields) la comunidad afrodescendiente más numerosa de Nicaragua, por donde pasaría la ruta del Gran Canal.

El ambientalista, biólogo y defensor de los derechos humanos, Amaru Ruiz, compartió la noticia sobre el caso del canal, que esta vez va a los tribunales. Así mismo invitó a estar pendiente de la audiencia.

Comunidades en riesgo

Por su parte la Corte IDH, en un comunicado señala que “tales pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes habrían reivindicado el reconocimiento, titulación y demarcación de su territorio tradicional, procurando su protección frente a iniciativas que pongan en riesgo su integridad física y cultural. Sin embargo, en 2013, el Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur (CRAAS) aprobaría la autorización por el Estado de Nicaragua del megaproyecto “Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, y en 2014, el Gobierno habría anunciado que la ruta del canal interoceánico atravesaría el territorio Rama y Kriol”. Lo que sigue siendo rechazado.

En un video que comparte Calpi, deja claro que, al darse el canal, algunas comunidades indígenas estarían forzadas a desplazarse de sus territorios tradicionales, “provocando las pérdidas de sus costumbres, las cuales están estrechamente ligadas a sus territorios, Bangkukuk Taik, Punta de Águila, es una de las comunidades Rama y Kriol que seria directamente afectada por el megaproyecto…”.

Por su parte María Luisa Acosta, abogada de derechos indígenas y coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), manifestó: “Esperamos que la Corte IDH emita su sentencia sobre el caso -lo que se espera entre 6 a 8 meses después de la audiencia- y que en ella la Corte IDH declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua en este caso”.

Régimen asigna C$8.2 millones al «Gran Canal Interoceánico»

La audiencia será transmitida en vivo en la página de facebook de la Corte IDH, en la que serán presentados testigos y peritos.

Una ley a conveniencia

Como una forma de reforzar la gran idea de la pareja presidencial sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 840, denominada “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.

De acuerdo a muchos críticos y defensores de la tierra, esta ley viene a ceder la soberanía nacional al empresario  chino Wang Jing.

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